"No podemos negárselo, pero el rapapolvo no se lo quita nadie". Resultó que el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova no hablaba sólo por sí. Dicho y hecho, el Gobierno del Principado se aseguró el respaldo de toda la cámara para la ley de suplemento de crédito que otorgará 64 millones más a la financiación de la sanidad asturiana, pero no sin escuchar una extensa batería de reproches casi generalizados, de oscurantismo sobre el destino pormenorizado del dinero cuando hablaban los grupos de la derecha, de gestión deficiente del gasto en el turno de Podemos o demanda de modificaciones "estructurales" en la política sanitaria de parte de Ciudadanos.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y el titular de Sanidad, Francisco del Busto, habían ido a la Junta a desmenuzar su propósito de destino para los 64,2 millones de endeudamiento adicional de los que el Principado puede disponer merced a la elevación de los márgenes de déficit para las comunidades autónomas del 0,3 al 0,7 por ciento del PIB en 2016. La partida se gastará en sanidad, concretó Carcedo, por la necesidad de enjugar en parte los 165 millones de euros del desfase entre los créditos asignados al Servicio de Salud del Principado (Sespa) en el presupuesto prorrogado vigente -1.461 millones- y sus necesidades financieras reales de 1.626.

Una porción de esa diferencia "ha sido ya financiada mediante modificaciones presupuestarias", precisó Carcedo, "pero se necesita este suplemento para completar su financiación". Tal y como la desglosa el Principado, en esos 165 millones hay una gruesa partida de 55 de gasto farmacéutico hospitalario, incluidos 25 para tratamientos de la hepatitis C y excluidos once más de recetas, y otros trozos menores, o no tanto, como los gastos de personal, cerca de un millón para el incremento de la libranza de la guardia, otra partida para la subida prevista del uno por ciento de los salarios o hasta nueve que se come la subida del IVA.

El incremento se someterá a la consideración del pleno de la Junta el viernes 23 y nadie, eso estaba certificado de antemano iba a anunciar el voto en contra, pero hubo quien aseguró el apoyo después de despacharse a gusto. PP y Foro lamentaron a coro la falta de información sobre el desglose concreto de los 64,2 millones. La portavoz forista, Cristina Coto, criticó por "intolerable" la "emblemática opacidad de los proyectos de ley sobre endeudamiento" y equiparó la petición de apoyo del Gobierno con la demanda de "un cheque para que lo gasten en lo que quieren". Donde la diputada popular Emma Ramos aprecia una prueba de que "el presupuesto prorrogado no ha sido gestionado eficazmente" y formula su propia petición de información más concreta, Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos) adelanta su voto favorable sólo "porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno".

También Gaspar Llamazares (IU) lo dará de paso aunque considere que "la información obtenida es mejorable", igual que la gestión, y el podemista Vilanova aprovechará para levantar una enmienda a la totalidad del gasto sanitario. Lamenta el crecimiento "desproporcionado" de los costes de farmacia, ve asomar tras el endeudamiento un agujero "por el que se nos cuela el dinero para engordar los bolsillos de la industria farmacéutica mientras se detrae del capítulo de personal" y afea al Gobierno que "vengan a hacer trampa. A pedirnos crédito después de fundirlo todo en la tragaperras" por negligencia de unos rectores sanitarios que son, acaba, "o gestores pésimos o malversadores intencionados".