La Asociación de centros de día de Asturias (Acedía), que aglutina a las instalaciones privadas y acreditadas por el Principado, han denunciado varias irregularidades con la oferta de estos servicios a personas que tienen reconocida la dependencia. Según afirman, se engrosa la lista de espera para acceder a una plaza pública porque no se ofrecen las suyas, cuando por ley se debe hacer. Y cuando hay plaza "se amenaza" al usuario con recortarle la cuantía que les corresponde si la rechazan e incluso con quitarles de la lista de espera para acceder a un geriátrico.
"El Principado está engañando con la ley de Dependencia, porque no se ofrece a los usuarios toda la información. Al estar acreditados, les tienen que facilitar una lista con todos los centros de día a los que pueden optar, pero en la mayoría de los casos no se hace y hay personas que están mucho tiempo esperando una plaza", explicaron representantes del colectivo.
María Cienfuegos-Jovellanos, Tania Pevida, Mónica Blázquez y Diana Fernández, como portavoces de Acedía, explicaron casos concretos, como el de un usuario que llevaba siete años en uno de sus centros. "Le llegó una carta de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) indicándole que le iban a conceder una plaza pública en un centro de día, cuando no lo había solicitado. Pero le advertían de que si renunciaba, se le recortaría el acuerdo económico para abonar el centro, cuando eso no se puede hacer", indicaron.
También añadieron que "amenazan con sacarles de las lista de espera para una plaza en una residencia, y por miedo a perder las ayudas o a que no les den la plaza, pues se accede a todo lo que dice el Principado porque creen que es así de verdad".
Las representantes de Acedía incidieron en que "todas las personas que tengan reconocida la dependencia tienen derecho a acudir a un centro de día, y nadie les puede coaccionar para elegir un centro u otro".
La clave, afirman, es económica. "Si los dependientes van a un centro del ERA, la Administración no tiene que pagar nada al usuario, pero éste sí tiene que abonar una cuantía en función de sus ingresos. Así que el Principado gana por las dos vías. Si está en un centro privado, la Administración tiene que abonarle una cuantía, que el usuario destina a pagar al centro de día, que tiene un precio establecido con independencia de los ingresos".
Representantes de los centros de día privados acudieron en el verano a una reunión con Paula Álvarez, directora general de Prestaciones de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, a la que le explicaron la situación.
"Dijo que no sabía nada, y nos recomendó hablar con las concejalías de servicios sociales de los ayuntamientos para que se aseguren de que a los demandantes se les facilita toda la información de manera correcta. Es decir, que pueden acudir a centros de día públicos del ERA pero también a los nuestros, que están acreditados", explicaron. "También se comprometió a investigar si las trabajadoras sociales de los equipos territoriales informan correctamente".
La sorpresa llegó unos meses más tarde, cuando los centros recibieron un comunicado de la Consejería en el que se les "obligaba" a facilitar información y documentación sobre "condiciones organizativo-funcionales" y "posibilitar la adecuada planificación de servicios y prestaciones". Y bajo esos parámetros, se les requirió "el listado nominal" de los usuarios de cada uno de esos centros privados, con nombre, apellidos, DNI y grado de dependencia.
"Existe la ley de protección de datos, y no sabemos si es muy legal que nos exijan los datos de nuestros usuarios, cuando somos centros privados", plantean las portavoces de Acedía.
La asociación ha solicitado una nueva reunión con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales "para ver si podemos aclarar todo esto y solucionarlo". Pero todavía no les han concedido fecha y hora.
"Nuestros centros llevan muchos años funcionando, cumplimos con todos los requisitos que se nos exigen para estar acreditados y no tenemos problemas ni los queremos. Sólo pedimos que la ley de Dependencia se aplique correctamente y que no sea el Principado el que haga competencia desleal", aseguran las portavoces de Acedía.
