A las 32 unidades escolares que van a perder sus conciertos educativos para el próximo curso, según la propuesta de la Consejería de Educación (alguna podría salvarse tras la reunión de la Comisión de Conciertos que se celebra hoy), hay que unir las 44 que desaparecen de la red pública en Infantil y Primaria, tal y como anunció ayer en la Junta General del Principado el consejero de Educación, Genaro Alonso.

De esas 44 aulas que no abrirán en el próximo mes de septiembre, 27 corresponden a Infantil y 17 a Primaria.

Todo un tajazo que viene obligado por el declive demográfico que trajo consigo, entre otros factores, la crisis económica. Alonso había manifestado en su día que el bajón de la matrícula tendría que ser asumido por las dos redes, la pública y la concertada. Y en eso están los responsables de la planificación educativa en Asturias. Fuentes de la Consejería confían en que puedan cerrarse estos trámites en la próxima quincena. Desde el último proceso de concertación, hace cuatro años, Asturias ha perdido en la etapa de 3 a 6 años un total de 2.469 alumnos. "La caída demográfica es brutal", explicó Alonso a los diputados Pedro Leal, de Foro, y David Medina, del PP. Los cierres, alegó, son "dolorosos" pero también "razonables".

Para Foro la supresión de conciertos sirve para que el Gobierno asturiano "se quite la careta". A juicio del PP la Consejería "no está negociando sino imponiendo". "Estamos ante una decisión que responde a un posicionamiento político e ideológico", dijo David Medina.

La misma sesión parlamentaria sirvió para oficializar el anuncio de la puesta en marcha de una ley, la de Autoridad del Profesorado, aprobada hace años pero sin desarrollo normativo. Los dos decretos que van a sustanciar ese desarrollo serán aprobados a finales de este año o principios de 2018, informó el consejero Alonso.

La ley de Autoridad del Profesorado, por la que ayer se interesó el diputado de Ciudadanos Nicanor García, tiene -dijo Genaro Alonso- "una relevancia innegable", pero el titular de Educación recordó que todos los centros cuentan con planes de convivencia y que Asturias tiene "un buen decreto de derechos y deberes" que en todo caso deberá ser revisado para adecuarlo a la ley, que el Gobierno socialista asumió sin entusiasmo y que permanece en un cajón desde hace cuatro años.