El sector público asturiano, pese a haberse sometido ya a reordenaciones y haber cumplido las exigencias del Gobierno central, aún es grande y necesita control, según los expertos. Consta todavía de 81 entidades, organismos, fundaciones, sociedades y consorcios y los ajustes hasta ahora se han traducido en la práctica en escasos cambios, ya que se produjeron más fusiones que liquidaciones o extinciones de sociedades y entidades. Eso sí, se dio cumplimiento al 100% al compromiso adquirido con el Gobierno central. Nada distinto a lo que ha ocurrido en el resto de autonomías e incluso a nivel estatal.
El Principado tiene sobre la mesa el último paso: la nueva ley del Sector Público Autonómico, que el Gobierno presentará en este periodo de sesiones. En ella se establecerá un marco jurídico homogéneo por el que se regirán todos los entes públicos regionales, lo que permitirá más control tanto en cuentas como en organización interna.
Los expertos coinciden en que el recorte de entidades públicas en todo el país fue más de carácter cualitativo que cuantitativo. Admiten que "algo de ahorro" supuso, pero que lo realmente sustancial no es esto -que también-, sino la reorganización y una normativa con un objetivo claro: transparencia.
El Principado, a través de la Consejería de Hacienda y Sector Público, que pilota Dolores Carcedo, impulsó dos leyes, una en 2013 y otra en 2014, para reordenar el sector público asturiano, integrado por 81 entidades, organismos, fundaciones, sociedades, y consorcios.
La de mayor incidencia fue la primera y supuso, entre otras medidas, la supresión del Instituto Asturiano de Estadística en el que se había convertido la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. También, la extinción de las entidades 112 y Bomberos del Principado de Asturias, que se fusionaron en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
La Sociedad Regional de Turismo y Recrea se fundieron en la empresa Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado.
También se modificó el objeto social de la empresa Servicios del Principado de Asturias (Serpa), dedicada a la prestación de servicios de desarrollo rural, de interés agrario, de acuicultura y pesca marítima, de interés medioambiental, turístico, docente, cultural y deportivo. Asimismo, se contrató la gestión integral del hotel de la Reconquista de Oviedo con la empresa Hoasa, en un proceso que incluyó la subrogación de los trabajadores. Con esa ley se liquidó Ditasa, que se dedicaba a la explotación del hotel de Taramundi, y el Parque de la Prehistoria. El Principado intentó vender las acciones de Sedes mediante una subasta que fracasó. También trato de liquidar el GITPA, pero un cambio legal impide la gestión directa por parte de la Administración de las infraestructuras de telecomunicaciones, así que "por razones de eficiencia" se decidió mantener la empresa, según fuentes de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
Además de estos entes, también se suprimió la figura del Procurador General y la Caja de Crédito de Cooperación Local.
La segunda ley, la de 2014, afectó a cinco entidades, cuatro de ellas las que constituían el sector público audiovisual. Así, se suprimió el Ente Público y se fusionaron las sociedades de radio, televisión y productora en la actual RTPA. La otra entidad afectada fue la Sociedad Regional de Recaudación (SRR), de la que se limitó el objeto social.
Todas estas medidas fueron acompañadas de recortes y contención en el gasto, además de nuevas directrices, como las de contratación de personal, que se aprobaron en 2016.
Diez millones en 6 años
Ahora está pendiente una tercera ley, la del Sector Público Autonómico. "Se trata de reunir en un único texto legislativo el régimen patrimonial, económico, financiero, de personal, etcétera, de las diversas entidades que componen el sector", indicaron fuentes de la Consejería de Hacienda y Sector Público. Ésta es una cuestión fundamental, según destacan los expertos. El ahorro total de estos ajustes, según el Ministerio, fue de apenas 10 millones de euros en seis años.
El jurista Javier Junceda ya destacó en una intervención pública en el Real Instituto de Estudios Asturianos, RIDEA, la necesidad de una normativa común. "La parca regulación jurídica que existe en el Principado quizá ha tenido algo que ver con el eclipse" de las figuras autonómicas, "cuando en el resto del Estado desarrollan extraordinarios servicios en los más diversos ámbitos del quehacer administrativo", afirmó.
En su opinión, es "su huida del derecho administrativo y su funcionamiento tantas veces alejado del necesario control o supervisión en términos de eficacia y coste, en especial cuando se trata de sujetos privados", lo que "lastra" al sector público asturiano y también en el conjunto de España.
Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, considera que "sí se ha llevado a cabo una reducción del sector público empresarial, otra cosa es si resulta suficiente". Donde sí ve el experto claramente el beneficio del ajuste es en el ámbito local: "La prueba es que algunos ayuntamiento están teniendo superávit". En las comunidades, afirma, la reducción llegó a casi la cuarta parte.
Santiago Álvarez, economista experto en Hacienda Pública y profesor de la Universidad de Oviedo, indicó que la reordenación del sector público no implica grandes ahorros. Pero remarcó que lo realmente importante es "la organización. Una legislación en la que se establezcan unas directrices comunes que permitan poner orden y extender los controles de la Administración pública al gasto en el conjunto de esas entidades y organismos. Saber exactamente qué se gasta, cuánto y en qué".
Según explicó, muchas de estas sociedades se crearon cuando la Administración no tenía capacidad económica para realizar una obra o ejecutar un determinado proyecto. "Se hacía entonces a través de una empresa pública, pero que se rige por el ordenamiento privado. De esta manera, en las cuentas de la Administración no computa la inversión como gasto, ni como deuda, ni en el déficit. Pero en realidad sí existe un compromiso de pago que sale de las arcas públicas y que se prolonga en el tiempo".
