La consejera de Servicios y Derechos Sociales, la socialista Pilar Varela, rechazó ayer de plano que el cobro del salario social se vaya a limitar en el tiempo, como propone el PP. En su lugar, abogó por trabajar de manera coordinada y en red con el servicio público de empleo para impulsar la formación y facilitar la inserción laboral de los beneficiarios, y por mejorar la gestión del servicio.
El PP de Asturias ha propuesto modificar la Ley de Salario Social y limitar su percepción a dos años, y un tercero en casos excepcionales, a cambio de incrementar su cuantía de los 442 euros actuales a 532 (el Iprem). Además, quiere vincularlo a la formación y la búsqueda activa de empleo, y que se pueda cobrar incluso cuando se esté trabajando si el sueldo es inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), que en la actualidad es de 707 euros al mes. También se plantea ofrecer rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas que contraten a perceptores del salario social.
La consejera de Servicios Sociales clausuró ayer unas jornadas en las que participaron más de 300 profesionales y en las que se analizaron los resultados de los estudios de "Evolución socioeconómica del salario social" desde su puesta en marcha hace una década y su relación con la inserción laboral. Ambos reflejan que el grave impacto de la profunda y prolongada crisis convirtieron esta ayuda pública en el único recurso económico de más de 20.000 familias.
De ahí que la Consejera incidiera ayer en que "no se dan las condiciones" necesarias para limitar en el tiempo la percepción del salario social, cuando el perfil de la mayoría de sus beneficiarios son personas con bajo nivel formativo y que acceden a trabajos precarios. "La realidad no lo permite. ¿Qué pasaría con esas más de 20.000 familias que encuentran en esa renta básica el único recurso económico para vivir? ¿Qué pasa si no encuentran empleo en ese tiempo límite? ¿Y esos 10.000 niños que viven en hogares en los que esa renta es el único ingreso?", planteó Varela.
Marta Pulgar, diputada de IU en la Junta General, sí coincide con el Gobierno y el resto de grupos en que "es necesario mejorar la eficiencia: simplificar la gestión administrativa, dotar de personal a los servicios sociales, mejorar la coordinación con otros servicios, especialmente el de empleo, y orientar las políticas activas de empleo al perfil de los usuarios, entre otras cuestiones".
