Laudelino A. G., el "traficante del solomillo" de Siero, aceptó en la mañana de ayer una condena de un año de prisión, así como el pago de una multa de 1.080 euros, por sisar carne de la sala de despiece en la que trabajaba y venderla por su cuenta a bares, sidrerías, carnicerías y particulares, por debajo del precio de mercado. De esta forma, sostiene el fiscal, obtuvo 105.191,54 euros.

No obstante, el juicio continuó, al considerar la acusación particular, la ejercida por los propietarios de la empresa, la Comercializadora Sierense de Carnes, situada en el polígono de El Berrón Este, en La Carrera, que la cantidad obtenida por el acusado fue muy superior a que sostiene la Fiscalía. La letrada de la acusación particular, Ana García Boto, presentó un informe al inicio de la vista, celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en las que cifraba el fraude en más de 150.000 euros.

El acusado indicó en el juicio que la empresa se dedicaba a vender carne en "b", dejando caer que se le están atribuyendo ventas de la propia Comercializadora. De hecho, los propietarios reconocieron que habían sido investigados en 2014 por este motivo, aunque finalmente resolvieron su situación con Hacienda. En el juicio, una de las propietarias indicó que las sospechas comenzaron cuando vio al acusado cómo sacaba piezas de carne de su maletero y las entregaba a un carnicero de Langreo. Le pidió explicaciones y él indicó que era amigo del comprador y que había aprovechado para llevarle el producto. Para los empresarios, esto era innecesario, puesto que tenían ocho furgones de reparto. El hurto de carne se produjo cuando la empresaria que controlaba el reparto cayó enferma y tuvo que ausentarse a menudo de la empresa para seguir un tratamiento. No obstante, cuando detectaron que las ventas subían, pero no así los beneficios, contrataron a una agencia de detectives que dio con el fraude.

Cuando la Policía detuvo al acusado, en septiembre de 2015, le encontraron en el maletero 200 kilos de carne -de vacuno y de cerdo, valorados en unos 2.000 euros-, listos para ser distribuidos. La Policía también informó a la Consejería de la lista de sus compradores, por si hubiese cometido una irregularidad.