La estimación de daños ha imaginado el escenario más desfavorable de los posibles. Aun así, la reclamación asciende a 36 millones de euros y sólo es la de los propietarios de las parcelas para el área residencial de La Magdalena, en Avilés. Los dueños del suelo expropiado por Sogepsa en la promoción avilesina han llevado hasta la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) su convicción de que tienen derecho a ser indemnizados por el daño que la sociedad mixta del suelo les ha causado al adjudicarse el desarrollo de operaciones urbanísticas según un procedimiento decretado ilícito por la Comisión Europea.
El TSJA acaba de admitir a trámite su recurso una vez que el plazo del Gobierno del Principado para responder a su demanda expiró con la sola réplica del silencio administrativo. Defienden su derecho a ser resarcidos por el perjuicio que les ocasionó la adjudicación "a dedo" de sus terrenos a Sogepsa, ahora cuestionada por su colisión con la normativa europea, y el consiguiente veto a que ellos buscasen otro desarrollo para sus parcelas. Esos 36 millones pueden sentar un peligroso precedente para una sociedad al límite, asediada por una deuda que supera ampliamente los 150 millones, si el tribunal atiende sus razones y las demandas se extienden al resto de las promociones que la empresa tiene en cuestión. Los representantes de los afectados avilesinos, Miguel García Rúa y Francisco Sánchez, recalcan que su cifra resulta de una evaluación de daños que definen conservadora, "diseñando el escenario más adverso para la culminación del proyecto", a razón en su caso de 205 euros por metro cuadrado de terreno expropiado a 43.
La reclamación deriva del expediente de infracción que la Comisión Europea ha abierto al Principado y a Sogepsa, a instancias de los expropiados de La Magdalena y del polígono de Bobes, por vulnerar las directivas comunitarias en lo tocante a la libre concurrencia en el mercado inmobiliario. Como quiera que el derecho comunitario avala, sostiene su demanda, su pretensión de ser indemnizados por "los daños producidos por la aplicación de una ley que no debería haberse aplicado", y como la reciente resolución de la Comisión cuestiona la adjudicación de sus terrenos a Sogepsa, los afectados de La Magdalena piden cuentas a la empresa y al Principado. Es su tercera acción judicial contra ambos: en la primera obtuvieron el reconocimiento de que Sogepsa infravaloró en un 40 por ciento el precio de sus parcelas, la segunda ha impulsado la sanción de la Comisión Europea. A su estela, el Principado ha modificado la normativa autonómica que da soporte a la empresa una vez que toda la Junta, salvo PSOE e IU, frenó la pretensión del Gobierno de hacer frente al conflicto mediante un cambio en el accionariado de la sociedad para convertirla íntegramente en pública.
Ahora, ante el TSJA, un colectivo de diecisiete expropiados del área residencial avilesina reclama esos 36 millones en concepto de "lucro cesante" con el respaldo adicional de la "singularidad" que observan en la promoción de La Magdalena, toda vez que en 2001 los propietarios y un promotor privado quisieron hacer un intento de desarrollo urbanístico en la zona poco antes de que, "sorprendentemente", señalan, "esos terrenos fueran declarados por el Principado, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés", como Reserva Regional de Suelo para su expropiación y entrega a Sogepsa.
Por eso ahora han llegado hasta este punto que cruza el umbral de entrada a los tribunales, que empieza pidiendo 36 millones y corre el riesgo de sentar un precedente peligroso para la sociedad. Al decir de los afectados avilesinos, "abre la puerta a una catarata de reclamaciones que podría ser extensible a las actuaciones en La Corredoria, Prado de la Vega, Roces, Lloreda, Bobes, La Barquerina...".
