El "macropolígono" industrial de Bobes fue la puntilla para Sogepsa, una entidad que incumplió la normativa europea, que genera incertidumbre sobre si cumple los principios de publicidad y concurrencia y que desarrolló operaciones urbanísticas dudosas, según se extrae de la auditoría a la sociedad mixta llevada a cabo por mandato de la Junta General y a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
El auditor constata, además, algunas posibles irregularidades, como el abono de 11.000 euros al anterior director-gerente en concepto de desplazamientos por un curso formativo indebidamente justificados. También el informe señala que la falta de titulación del director de los servicios jurídicos (que fue despedido una vez que se conoció que carecía de la licenciatura y que ha sido denunciado por el Principado) pudo ocasionar gastos extra a la entidad, que tuvo que externalizar algunas de las gestiones jurídicas.
El informe de la auditoría, que ya ha sido recibido por los grupos parlamentarios de la Junta General, señala en especial la peculiar situación que se produjo en una de las parcelas de la urbanización de Prado de la Vega: después de que Sogepsa hubiese negociado su compra con los propietarios, un tercero se hizo con las fincas y las vendió a un precio muy superior a la propia Sogepsa, lo que pudo suponer un sobre coste de 9,4 millones de euros. También en esa operación el auditor constata un incremento del 28,86 por ciento en la licitación de las obras de urbanización, que en su día fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas formada por accionistas privados de la sociedad. El informe señala que no ha podido obtener los informes técnicos y jurídicos que justifiquen ese incremento.
Pero especialmente sangrante para la sociedad mixta ha sido el polígono de Bobes, en Siero._La paralización del proyecto desde diciembre de 2012 fue "la causa directa que produjo la situación de preconcurso (de acreedores) de Sogepsa". Su bloqueo ocasiona costes financieros y devoluciones de ventas en una obra que ya supuso, en ejecución, un gasto de 86 millones de euros.
La auditoría constata un hecho sobre el que ya trabajaba el Principado después de que denuncias de afectados cuestionasen los procedimientos de Sogepsa. "La sociedad mixta como agente urbanizador y de capital mayoritariamente público (...), no se adecua a la normativa Europea, no respetando el principio de libre mercado, al no facilitar las administraciones pertenecientes a su capital la concurrencia en sus operaciones urbanísticas", sostiene el informe. Por tanto, el auditor constata que los socios de la entidad mixta partían de una situación privilegiada a la hora de acceder a las obras de urbanización o construcción que ponía en marcha la propia sociedad.
El desmoronamiento económico de la entidad, si bien de manera principal se debió a los problemas que la crisis ocasionó en el mercado inmobiliario (reduciendo la posibilidad de venta de parcelas), también se debió a un insuficiente recorte de sus gastos, aunque el auditor reconoce el esfuerzo de los últimos años por tratar de disminuirlos.
Los gastos de servicios profesionales llaman la atención del auditor, que resalta la existencia de personal externo que recibía con carácter fijo unos importes anuales de 244 mil euros. Con ellos "se pactaba unos honorarios anuales que no hemos podido establecer su cálculo y la forma en que la entidad evalúa esta retribución" ni existe "una licitación pública o solicitud de propuesta de ofertas a terceros", sostiene el informe. La auditoría señala que la mayoría de esos servicios externos se refieren a la asistencia jurídica y que un despacho de abogados llegó a recibir un total de 574.000 euros de manera directa.
Entre los gastos jurídicos más singulares está la contratación por 25.000 euros de un letrado en 2012 para elaborar "una demanda al honor de la sociedad ante un medio de comunicación, que posteriormente se desistió". La auditoría indica que de haber tenido el director de los servicios jurídicos de Sogepsa la titulación adecuada, él debería haber asumido esta tarea y se hubiese evitado el contrato externo.
