Asturias es la región española y una de las europeas con mayor intensidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2), debido al perfil de sus principales actividades industriales (térmicas de carbón, siderurgia?), pero también el llamado sector residencial está lejos de tener un balance óptimo en la generación del principal gas causante del cambio climático. Los datos sobre las certificaciones de eficiencia energética que maneja el Principado indican que la gran mayoría de las viviendas, locales y otros inmuebles derrochan energía (lo que implica un sobrecoste económico para los hogares) y también que generan altos niveles de CO2.
La evaluación energética de las viviendas es obligatoria desde 2013 para los inmuebles que se ponen a la venta o se ofrecen en alquiler. Según una información elaborada por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, en cuatro años los asturianos han presentado para su tramitación 59.600 informes, de los que hasta ahora la Administración ha revisado de forma completa cerca de 30.000 expedientes, cantidad que se puede considerar una muestra representativa del panorama general del parque inmobiliario regional. De los datos analizados hasta el momento, correspondientes a una superficie edificada total de 4 millones de metros cuadrados, se infiere que por encima del 80% de esa superficie obtiene calificaciones de eficiencia en el uso de la energía que se podrían considerar deficientes. En una escala que va de la letra "A", para los inmuebles más eficientes, a la "G", que se asigna a los que tienen peor balance, la gran mayoría de las notas concedidas se encuadran en los tres peores niveles ("D", "F" y "G"), tanto si se considera el consumo de energía primaria por metro cuadrado y año como las emisiones de CO2 que la vivienda contribuye a generar.
"Se pone de manifiesto el importante margen de mejora existente en el parque edificatorio asturiano", subrayaron fuentes de la Consejería. Las certificaciones, emitidas por técnicos autorizados, se realizan considerando aspectos como las tecnologías que tiene la casa para la calefacción, el agua caliente y la refrigeración, así como el aislamiento térmico. Tener calefacción eléctrica, de gasóleo o de carbón, por ejemplo, penaliza más que las calderas de gas natural y más aún que disponer de biomasa.
La certificación es exigible, pero no obliga a realizar reformas. El etiquetado informa por una parte del impacto ambiental que genera el consumo energético de la vivienda y sobre todo es una guía para los compradores o arrendatarios de viviendas y otros inmuebles para saber si su economía se va a resentir más o menos por ese consumo. En documenos de empresas especializadas se pone el siguiente ejemplo para medir el ahorro o en su caso el sobrecoste, según la calificación de la vivienda: considerando un recibo medio de suministros de 100 euros al mes, en una casa con nota "A" se gastarían como mucho 55 euros, en tanto que en una de categoría "G" la factura se dispararía al menos hasta los 125 euros. La gran mayoría de las viviendas asturianas se situarían en un coste superior a la media de 100 euros.
El mapa referido a la generación de CO2 muestra que dentro de Asturias el nivel de emisiones atribuible a las viviendas es semejante en Oviedo y en Gijón, algo más alto en Avilés y particularmente intenso en Mieres, donde, pese a la penetración del gas natural para las calefacciones y los termos de agua caliente, aún existen proporciones relevantes (claramente superiores a la media regional) de viviendas donde se utiliza el carbón (10%) y el gasóleo (21%) como combustible.
