El relevo generacional que se va a producir en la administración pública en los próximos quince años, con la jubilación del 83% de los empleados públicos de la región, tiene que servir para abordar una profunda reforma que abarque tanto a la organización como al perfil de sus trabajadores. "Menos funcionarios, mejor formados y mejor pagados", resumió Juan Luis Rodríguez Vigil, vocal del Consejo Consultivo y expresidente del Principado. También el economista experto en Administración Pública Javier Suárez Pandiello indicó que se debe de buscar un "perfil diferente para una administración diferente", con personal cualificado y especializado, conocimiento en idiomas y manejo de nuevas tecnologías. Esta reordenación supondría amortizar puestos.
Rodríguez Vigil señaló que "es necesario aumentar, y mucho, la exigencia", y en el caso concreto del Principado, "aproximarse a estándares de la Administración del Estado". En ese contexto, sería necesario, en su opinión, "eliminar los puestos ancilares (auxiliares en tareas tradicionales), que pueden ser externalizados, y convertir la Administración en un núcleo de personas con mucha formación y un alto nivel de cualificación". Para ello sería necesario, indicó, analizar los diferentes puestos para decidir cuáles serían amortizables "y no reproducir mecánicamente lo que hay".
Javier Suárez Pandiello, por su parte, remarcó la necesidad de adaptar la estructura de la Administración pública al siglo XXI. "Además de una formación generalista, es necesario avanzar hacia la especialización y tener en cuenta determinadas habilidades y conocimientos como idiomas y nuevas tecnologías. No basta con aprobar unas oposiciones porque se han memorizado un montón de leyes y de contenidos sin más", indicó. Según el hacendista, "hay que revisar los puestos y la estructura para ver dónde se necesita a más personas y dónde a menos, porque habrá ámbitos en los que seguro hay importantes carencias mientras que en otros hay puestos amortizables en una Administración propia del siglo XXI".
