La decisión de Antonio Trevín de renunciar a su acta de diputado en el Congreso y aceptar una oferta del sector privado ha reabierto el debate sobre las llamadas "puertas giratorias" entre la activad política y profesional. Los expertos aconsejan la limitación de mandatos y, sobre todo, una regulación mucho más precisa para evitar la sombra de sospecha al tiempo que se desmarcan de "una cruzada" contra un tránsito que, a su juicio, es legítimo entre la vocación de servicio público y el desempeño profesional más allá de los cargos representativos en la política.
El profundo proceso de renovación acometido en los principales partidos de Asturias desde 2011, con el punto de inflexión que marcó la crisis económica, elevó de manera significativa el número de cargos que dejaron la política para dedicarse a otras actividades profesionales. El caso de Trevín es el más reciente pero no el único. Exconsejeros como Jaime Rabanal, Francisco González Buendía, Francisco Javier García Valledor o Ana Rosa Migoya, exdiputados, exalcaldes o exconcejales como Hugo Morán, Alejandra Cuétara o Santiago Martínez Argüelles o dirigentes como Manuel Orviz renunciaron en los últimos años a seguir en política para volver al mundo laboral si bien el ruido de esos tránsitos ha sido muy diferente. Distinto fue el caso de empresarios como Pelayo Roces o José Antonio Martínez, que durante su etapa como diputados regionales optaron por no solicitar la dedicación exclusiva política para realizar ambas actividades, previa solicitud y autorización de compatibilidad, y en 2015 decidieron centrarse en sus empresas.
La vuelta al mundo laboral pasa mucho más desapercibida si el político de turno es funcionario; en ese caso la "reconversión" suele estar exenta de polémica, como ha ocurrido recientemente con la exconsejera de Infraestructuras, Belén Fernández, que pidió el reingreso en la Administración regional, donde tenía su plaza, y ha encontrado destino el área de Cooperación Local, que depende de la consejería de Hacienda. Tampoco suele haber mayor reproche si el ex alto cargo vuelve a impartir clases, como ha sucedido con el extitular de Empleo e Industria, Francisco Blanco, y con dos de sus exdirectores generales, Sandra Velarde y Francisco Delgado, de retorno a la Universidad o con los citados Valledor y Orviz, en la enseñanza no universitaria.
La nebulosa de la sospecha se extiende cuando el político decide aceptar una oferta de una empresa privada o realiza su actividad profesional en ese ámbito. "La ida y vuelta a la actividad profesional está mal vista cuando no es al sector público", subraya el politólogo Daniel Guerra, quien a pesar de las dudas instaladas en la opinión pública a cuenta de las llamadas "puertas giratorias" concluye que es "totalmente legítimo que un profesional, que se ha formado, aproveche su conocimiento y decida trabajar en el sector privado, donde la remuneración, además, es más alta que en el público". Guerra, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla, señala la necesidad de una legislación que regule tanto "el tráfico de influencias como el de información privilegiada" y tiene dudas de la eficacia de los límites temporales para que un político o alto funcionario no pueda trabajar en una empresa de un sector sobre el que tuvo influencia o capacidad decisoria. "No creo que haya que poner en marcha una cruzada sobre las puertas giratorias pero si hay indicios, se tiene que investigar, enjuiciar y condenar cuando haya pruebas de la existencia de efectos perversos", concluye Guerra.
Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, apunta la limitación legal de mandatos como uno de los factores que contribuirían a la normalización del tránsito entre la actividad política ya la profesional. "De entrada que un cargo público, ya sea diputado, senador, concejal o diputado tenga formación y profesión al margen de la política es importante porque la da cierta independencia. De lo contrario, el hecho de perder unas elecciones puede acarrear una tragedia personal. Es deseable tener muy claro que la política no es para siempre ", sostiene Presno. El constitucionalista juzga conveniente la introducción de otras cautelas ante las puertas giratorias, tras advertir que "hay unos casos más llamativos que otros". A su juicio, debe quedar acreditado que el político contratado por una empresa del sector privado "no ha logrado ese trabajo como pago de favores o de clientelismo en su etapa política o que no va actuar como "lobista" anta la Administración", aunque matiza la relevancia que en este caso tiene "el haber sido político en la oposición o en tareas de gobierno" y la conveniencia de que las autoridades públicas publiquen sus agendas "porque al final estamos hablando de una cuestión de opacidad y la no transparencia fomenta las dudas".
