Camilo Montes, alcalde socialista de Piloña entre 2007 y 2011 -año en el que fue expulsado de la FSA y encabezó la candidatura de IU al Ayuntamiento, e incluso concurrió al Senado-, se sienta el próximo día 18 en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo acusado de un delito de falsedad documental por el que la Fiscalía le reclama la pena de tres años de prisión. Junto a Montes va a juicio también el exaparejador municipal Sergio José Álvarez, para el que el ministerio público solicita también tres años, y María Amabelia M. G., apoderada de una constructora, que se enfrenta a una pena de cárcel inferior.
A los tres se les acusa de haber certificado el final de las obras de rehabilitación de las escuelas de San Miguel, sin estar terminadas, para no perder la subvención del Principado que las financiaba, unos hechos que se remontan al año 2009. La presunta irregularidad fue descubierta por la secretaria del Ayuntamiento de Piloña, que presentó la denuncia.
El exalcalde, defendido por el letrado Ángel Bernal del Castillo, aducirá en el juicio que la obra finalmente se hizo y que la citada certificación era necesaria para el cobro de la subvención por parte del Ayuntamiento. La propia Fiscalía remarca que no se ha producido ninguna desviación de fondos, aunque sí la falsedad. El letrado de la defensa pedirá la libre absolución por este supuesto delito de gestión. Paralelamente a este proceso penal hay otro contencioso administrativo en el que la empresa reclama el coste de las obras realizadas.
Cuatro pisos oficiales
El proyecto de las antiguas escuelas de San Miguel consistía en la rehabilitación del edificio y la sustitución de la cubierta, con el fin de habilitar cuatro viviendas sociales. El presupuesto para este proyecto era de 586.000 euros, de los cuales 240.000 procedían de la Administración regional. El plazo de ejecución era de cuatro meses una vez iniciada la obra.
El Juzgado de Instrucción de Infiesto ya sobreseyó en 2011 unas diligencias abiertas contra Montes tras las denuncias por prevaricación y contra los derechos de los trabajadores o la integridad moral presentadas por USO y la Inspección de Trabajo. A Montes se le acusaba de apartar de sus funciones de forma ilegal al jefe de obras municipal. En cuanto al aparejador, en 2014 fue suspendido nueve años por el Ayuntamiento por ejercer en la empresa privada, una sanción que ratificaron un juzgado de lo contencioso y la sala de lo contencioso administrativo del TSJA.
