Los científicos tachan de "esperpento" que los cazadores puedan abatir lobos en Asturias como medida extraordinaria para reducir los daños en la ganadería. El biólogo Alberto Fernández, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es uno de los más críticos con la gestión de la consejería de Medio Ambiente: "Están tratando de solucionar un conflicto social, no biológico, con batidas injustificadas, que además, desde el punto de vista legal, no sé si serán posibles". Fernández acusa al Gobierno regional de generar un "estado de alarma" sobre la especie "que antes no existía". El experto en grandes carnívoros sostiene que el Principado comete una "equivocación de base" al pensar que el problema de la ganadería es únicamente el lobo.
En esta idea profundiza el biólogo Luis Llaneza, que trabaja en la marcación de cánidos salvajes con GPS en el parque nacional de los Picos de Europa. "El lobo no es el único problema que tiene el campo, es uno más de mucho. Y desde luego tampoco es el causante del declive del ganado menor, como está ya demostrado. Sin embargo, el lobo genera mucho conflicto social y es justamente eso lo que tenemos que gestionar", opina. Según Llaneza, la Administración "falla en la búsqueda de puntos de entendimiento" entre ganaderos y conservacionistas. "Cada vez avanzamos más en investigación y en conocimiento de la especie y en cambio, nada en el conflicto social", indica. El biólogo no entra a valorar con detalles la participación de cazadores en batidas y se limita a decir: "Es una decisión de gestión que le corresponde al Gobierno. Cambia quien dispara, pero en esencia es lo mismo que se estaba haciendo".
En plena polémica con el lobo, el biólogo asturiano de la Estación Biológica Doñana del CSIC Javier Naves sólo hace un apunte, pero que evidencia su rechazo a la nueva medida que impulsa la consejería de Medio Ambiente. "Yo siempre he defendido que, de tener que matar algún animal, que lo haga la Administración pública. Es decir, los guardas y sólo los guardas", expresa. En concreto, el Principado autorizará a los cazadores -por norma general, a un máximo de quince- para abatir ejemplares tanto en las zonas de presencia esporádica de la especie como en las áreas de presencia permanente, a excepción de las reservas de caza, y siempre bajo la supervisión de la Guardería. En las primeras no hay cupo, mientras que en las segundas el número se limita a 45. Medio Ambiente se ampara para ello en el II Plan del Lobo y en el reglamento de caza del 1991.
"Si era posible, ¿por qué nunca se hizo en 26 años? Creo que es una chapuza de dimensiones colosales", apunta Alberto Fernández, exmiembro del Consejo Consultivo del Lobo en representación de las entidades conservacionistas de la región. Algunas de ellas ya han amenazado con denunciar "tanto a quien dispare como a quien firme la autorización" y otras directamente ya lo ha hecho. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y está dispuesto a llegar a Bruselas con tal de parar las batidas. Entre tanto, ha iniciado una campaña en internet, que supera las 23.660 firmas. Las primeras actuaciones están previstas en los concejos de Illas, Candamo y Las Regueras, sin embargo, las sociedades cinegéticas de estos cotos todavía no han recibido los permisos del Principado.
Ecologistas y expertos critican la "confusión" generada por la propia Consejería, que a lo largo de las semanas "ha ido modificando su discurso". "Con sus intervenciones, el consejero (Fernando Lastra) se está inhabilitando a él mismo. Están dando un espectáculo...", se quejan.
