Camilo Montes, alcalde socialista de Piloña entre 2007 y 2011 -año en el que fue expulsado del PSOE y encabezó la candidatura de IU al Ayuntamiento, e incluso concurrió al Senado-, aceptó ayer una condena de quince meses de prisión por prevaricación e inducción a una falsedad documental en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Junto a Montes fueron condenados también el exaparejador municipal Sergio José Álvarez y María Amabelia Meleiro García, apoderada de una constructora.
Al exalcalde, al aparejador y a la constructora se les acusaba de certificar el final de las obras de rehabilitación de las escuelas de San Miguel sin estar terminadas, para no perder la subvención del Principado que las financiaba. También por hacer los mismo respecto a una de las fases de las obras de urbanización de Sevares.
El fiscal Alejandro Cabaleiro accedió a rebajar la pena inicial de tres años de prisión que solicitaba para los acusado, al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas. Montes aceptó una pena de cinco años de inhabilitación por el delito de prevaricación, y quince meses de cárcel, una multa de 900 euros y un año de inhabilitación adicional por inducir una falsedad documental. Al aparejador se le condena a 15 meses de cárcel, multa de 900 euros y un año de inhabilitación. A la constructora, a tres meses, multa de 900 euros y un año de inhabilitación.
El fiscal Cabaleiro se mostró favorable a suspender el ingreso en prisión de los acusados, por no haber delinquido antes y no estar Montes ya en política. El exalcalde y el exaparejador evitarán la cárcel si no delinquen en tres años. María Amabelia Meleiro, no debe hacerlo en dos. La magistrada Covadonga Vázquez declaró la firmeza de la sentencia.
El exalcalde, defendido por el letrado Ángel Bernal del Castillo, adujo antes del juicio que las obras se hicieron y que las citadas certificaciones eran necesarias para el cobro de las subvenciones por el Ayuntamiento. La propia Fiscalía remarca que no se produjo ninguna desviación de fondos, aunque sí la falsedad. Paralelamente a este proceso penal hay otro contencioso administrativo en el que la empresa reclama el coste de las obras realizadas. El proyecto de las antiguas escuelas de San Miguel consistía en la rehabilitación del edificio para habilitar cuatro viviendas sociales. El presupuesto era de 586.000 euros, 240.000 aportados por el Principado.
El Juzgado de instrucción de Infiesto ya sobreseyó en 2011 unas diligencias abiertas contra Montes tras las denuncias por prevaricación y un delito contra los derechos de los trabajadores o la integridad moral presentadas por USO y la Inspección de Trabajo. A Montes se le acusaba de apartar de sus funciones de forma ilegal al jefe de obras municipal. En cuanto al aparejador, en 2014 fue suspendido nueve años por el Ayuntamiento por ejercer en la empresa privada, una sanción que ratificaron un juzgado de lo contencioso y la sala de lo contencioso administrativo del TSJA.
