El Gobierno regional y los sindicatos firmaron ayer un preacuerdo que aplaza la huelga indefinida en la justicia asturiana, que había sido convocada a partir del próximo lunes, 2 de octubre. La suspensión definitiva de la huelga queda ahora en manos de los 1.238 trabajadores del servicio, repartidos en los 18 partidos judiciales, que deberán votar si aceptan la oferta pactada por sus delegados sindicales con el Principado. La última propuesta del Ejecutivo regional consiste en una subida de 140 euros en catorce nóminas anuales, que se completaría en tres años. Los funcionarios están convocados a asambleas que tendrán lugar a partir la próxima semana, la primera el lunes, en Oviedo. Las votaciones todavía no tienen fecha fijada.

El primer efecto del preacuerdo firmado hoy consiste en la suspensión del inicio de la huelga indefinida, previsto para este lunes. El acercamiento definitivo de posiciones entre el Principado y los sindicatos llegó tras dos jornadas de intensa negociación, marcado por el tira y afloja entre las partes. La presencia, por primera vez en estas negociaciones, del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, contribuyó al desbloqueo de las mismas , según reconocieron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes sindicales. Además de Martínez, también participaron en la negociación el director general de Función Pública, José María Gancedo, y la directora general de Justicia, Encarnación Vicente, que hasta ahora había sido la interlocutora de la Administración regional en las conversaciones con los representantes sindicales.

La última oferta trasladada por el Principado fija el abono del complemento autonómico en 140 euros para toda la plantilla, una cantidad a la que se llegaría en tres plazos: los funcionarios de justicia cobrarían 95 euros en catorce nóminas desde enero de 2018; 120 euros un año después y 140 a partir de enero de 2020. Los sindicatos reconocieron el "avance" que supone esta nueva oferta si bien hasta ahora habían exigido una subida de entre 200 y 300 euros al ser Asturias la única autonomía donde está transferido el servicio y no se cobra el citado complemento. Si el preacuerdo entre el comité de huelga y los funcionarios es ratificado en las votaciones que tendrán lugar para el conjunto de la plantilla en las próximas semanas, la mejora retributiva de los funcionarios de justicia supondrá un coste anual para las arcas del Principado de 2,4 millones de euros.