No hace mucho que, llegando a Asturias en avión, alguien comentó en la aproximación al aeropuerto que parecía que nevaba en septiembre. Hace ya algunas décadas que el comentarista de una retransmisión televisiva de una etapa de la Vuelta Ciclista a España dijo lo mismo viendo en plano aéreo el ingreso del pelotón en Asturias desde Cantabria. Casi no había empezado el otoño, en ninguno de los dos casos nevaba. Era la impresión que daba el vuelo de miles de semillas de plumeros de la Pampa haciendo plenamente visible su enorme capacidad reproductora y su facilidad para la colonización de hábitats que no le corresponden. La tarea para atajar la invasión, a la que dice que se ha puesto el Gobierno del Principado, tiene la dimensión de un trabajo complejo e imprevisible, carente de precedentes, inédito por cuanto nadie hasta ahora ha sido capaz de conseguir la erradicación completa a gran escala, en un territorio extenso.
Las experiencias de la que los especialistas tienen constancia están lejos de Asturias, en áreas poco homologables climáticamente al Principado y de traslación difícil. El catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo Tomás Emilio Díaz anota algunas en California, donde "se ha intentado atajar el problema en los primeros estadillos de desarrollo" de la planta invasora con resultado de eliminación parcial, y encuentra otras en Nueva Zelanda, pero advierte de que esta franja Norte de la Península Ibérica, "de los Pirineos para acá" es el lugar donde está "lo más gordo", el área que con peores perspectivas tiene planteado el problema "con carácter netamente invasor". Las hay en algunos puntos específicos de Cataluña y del levante, pero en ningún sitio como en el Norte.
De la Cortaderia Selloana, cuya primera referencia de naturalización en España obliga a retroceder hasta 1953, se recogió el primer pliego en la Península en 1969 en Liencres (Cantabria). Desde entonces, extendida como una plaga, ayudada por su uso ornamental y su plantación en los aledaños de las carreteras para aprovechar su potencial fijador de taludes, aprovechando su capacidad de adaptación a la condición climática del litoral cantábrico y amenazando con expandirse cada vez más hacia el Sur con la asistencia del cambio climático, nadie ha podido parar su empuje más que muy parcialmente. El "escaso éxito" con el que el consejero asturiano de Infraestructuras, Fernando Lastra, sintetizó el jueves en la Junta el resultado de todas las tentativas de contención acometidas hasta ahora por los gobiernos del Principado podría predicarse de los ensayos que mayoritariamente tarde han emprendido las administraciones. Cierto que unas veces ha sido por falta de dinero, dada la magnitud que había adquirido el problema; otras también por el susto de los responsables de los programas a la vista de la factura, también a causa del momento en el que se habían decidido a dar el paso al frente. Con el estudio científico hecho, el cálculo de al menos 8.400 euros por hectárea arrancada y la cifra total por encima del millón de euros acabó retrayendo a la Diputación de Vizcaya en 2006. En Asturias, Fernando Lastra dejó en 2.600 las plantas eliminadas en los últimos años.
Todos los efectos de todos los proyectos han sido limitados y es en esas circunstancias que ahora, entre críticas de los ecologistas por desoír durante años sus advertencias, el Gobierno del Principado se obliga a abordar un esfuerzo insólito en el que nadie ha tenido éxito. La respuesta pende de las conclusiones de un estudio científico que debe diagnosticar la extensión y los remedios y de la pericia de las autoridades de la Administración autonómica para implicar en la financiación a todas las instancias de uno u otro modo implicadas, a las propietarias de terrenos afectados -Confederación Hidrográfica, Demarcación de Carreteras, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, particulares-, a los Gobiernos de Cantabria y Galicia y a las líneas de ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Europea.
