El sector energético asturiano afronta un periodo de turbulencias, en el que se mezclan las estrategias ambientales, el nuevo mapa político y los conflictos sindicales. El que ha sido uno de los elementos pesados de la economía del Principado encara con incertidumbre los próximos años. Los recortes en las térmicas que se avecinan en el horizonte de los próximos años (el cierre de la Lada es ya el primer paso), la puntilla que sufrirá la minería asturiana a partir de 2018, la bandera ambiental del PSOE y la crisis desatada entre el sindicato minero SOMA y UGT son escenas diversas, aunque puedan parecer inconexas, de una película que anticipa un complicado desenlace para Asturias.
Primera escena: el cierre de Lada. En cinco años, Iberdrola desmantelará la térmica de Lada. Aunque en apariencia se deje caer, con efecto balsámico, la idea de que los 90 operarios serán recolocados y que el desmontaje implicará 17 millones de inversión, las consecuencias pueden ser otras. Conviene no llamarse a engaño: el camino hacia la clausura de las centrales térmicas parece imparable, por exigencia directa de la Unión Europea. Es indudable que se trata de una estrategia con resultado ambiental positivo, pero debería ir acompañada de otras compensaciones para evitar el impacto económico negativo. No se trata solo de las consecuencias en el empleo directo, aunque se garantice la recolocación (probablemente en otros destinos fuera de Langreo en el caso de Lada), sino de las indirectas. Las centrales térmicas asturianas se alimentan de carbón importado que entra por El Musel, lo que supondrá una merma en el que hasta ahora ha sido un tráfico determinante en el puerto gijonés: los graneles. El traslado de ese carbón desde Gijón a las distintas térmicas da empleo a un importante número de transportistas. Y tampoco hay duda de que cerrar Lada, en el caso que ahora nos ocupa, rebajará el peso económico estratégico de las Cuencas, ya enflaquecidas tras los graduales recortes en la minería.
El cierre que abordará Iberdrola tendrá como interlocutor al Gobierno central. La decisión afecta a todas las centrales térmicas de la compañía, con lo que será el Ejecutivo de Rajoy el que acompañe el proceso, exija cómo se gradúa o plantee compensaciones territoriales. Históricamente cabría esperar que el PSOE tratase de forzar al gobierno central a moldear ese impacto; hoy resulta improbable que así sea, pero para eso hemos de pasar a la siguiente escena.
Segunda escena: la posición energética del PSOE. El cambio de paradigma que ha supuesto para el partido socialista la hegemonía sin ataduras de Pedro Sánchez ha implicado cambios en su política sobre la energía y el medio ambiente. La dirección federal socialista ha pisado el acelerador de la defensa de la implantación de las renovables frente a otras formas de generación energética de alto impacto en el cambio climático. Cristina Narbona, presidenta del PSOE y principal autora de ese golpe de timón en el socialismo, encabeza un núcleo duro de dirigentes muy cercanos a Pedro Sánchez y con peso en su Ejecutiva, que apuestan por cerrar cuanto más pronto mejor el grifo de las energías contaminantes. Entre ellos se encuentra el asturiano Hugo Morán, exalcalde de Lena y secretario de Medio Ambiente en la dirección de Sánchez.
Este cambio de paradigma explica que el PSOE respaldase días atrás en el Congreso de los Diputados una medida impulsada por Unidos Podemos (que también recibió el respaldo de Ciudadanos y partidos nacionalistas, con el voto en contra del PP y Foro), que planteaba retirar los pagos por capacidad -un incentivo para tener disponible la capacidad de producción energética- a instalaciones que superen las emisiones de dióxido de carbono y que a la postre se traduce en el adelanto del cierre de las térmicas de carbón al año 2020. La votación de los socialistas fue coherente con lo que recogía el programa con el que Pedro Sánchez concurrió a las primarias socialistas, aunque desde los "sanchistas" asturianos (entre los que se encontraban los dirigentes del SOMA) se tratase de dulcificar la postura hablando de una necesaria "transición justa". De ahí que el nuevo secretario general de la FSA, Adrián Barbón, expresase de inmediato su rechazo al voto de sus compañeros. Calificó de "una auténtica barbaridad" el apoyo de los socialistas e insistió en que el límite temporal de la UE para la descarbonización está en 2050. "Defendemos una transición justa y la lucha contra el cambio climático, pero necesitamos tiempo", aseguró. La alternativa es impulsar la investigación para lograr una quema de carbón limpia.
La salida de Barbón, en clara defensa de los intereses territoriales de Asturias y cuestionando una decisión de la dirección federal pese a su alineación con Pedro Sánchez, fue bien vista de manera unánime entre los socialistas asturianos. Difícilmente cabe esperar que el PSOE reclame ahora que el cierre de la térmica de Lada se posponga o que adopte una posición distinta a la de acelerar cuanto antes, en aras a la defensa ambiental, el fin de los sectores que más contribuyen al cambio climático.
Tercera escena: el terremoto sindical. La ruptura del sindicato minero SOMA con la UGT marca un antes y un después en Asturias. Con más de cien años de historia, la central que fundara Manuel Llaneza y que se convirtiera, de la mano de José Ángel Fernández Villa, en todo un elemento de poder tanto en el PSOE asturiano como en las cuencas mineras, pasa horas muy bajas. La quiebra parece imparable y todo indica que el SOMA tratará de constituir un sindicato aparte después de que la fusión de las federaciones del metal y la minería bajo la Federación de Industria (FICA) haya terminado en un conflicto de consecuencias impredecibles.
El SOMA, que encabeza José Luis Alperi, tomó posición abierta e inequívoca con Pedro Sánchez y se enfrentó a la corriente que ha liderado en Asturias Javier Fernández, cuestionando tanto su posición cuando se abrieron las heridas entre los socialistas en octubre del pasado año, como ante las primarias que dieron la victoria de nuevo a Sánchez y a Barbón en Asturias. Por el contrario, la UGT prefirió mantenerse en un segundo plano: Jenaro Martínez, elegido secretario general de la nueva Federación, no dejó ver su posición, aunque Eduardo Donaire, quien gobernase el metal durante 16 años, no ocultó su alineamiento con el presidente asturiano. Hecho llamativo: no hubo presencia de dirigentes de la FSA de Barbón en el congreso del viernes en el que el SOMA mostró su rechazo dejando decenas de sillas vacías.
En parte, el conflicto político en el PSOE tenía sus ramificaciones en esta cuestión. Los del SOMA confiaban en que una victoria de Sánchez pudiese garantizar que la fusión de las federaciones sindicales se llevase a cabo atendiendo a sus reclamaciones. Y el hecho de que en Avilés Iñaki Malda, secretario general de la sección sindical de Arcelor, también hubiese respaldado a Pedro Sánchez, daba pie a que existiese una mayoría "sanchista" que también permitiese imponer el criterio del sindicato minero en la nueva Federación. Pero Malda perdió el control en Arcelor. Con ello, las pretensiones del SOMA de obtener el liderazgo de la FICA y de que Langreo acogiese la sede central de la Federación se quedaron sin respaldo.
Movimientos ha habido. Algunas fuentes aseguran que incluso el sindicato intentó a través de algunos dirigentes asturianos próximos a Sánchez (Adriana Lastra es vicesecretaria general del PSOE) la mediación del líder socialista. Aunque Sánchez sí trató de que el conflicto se resolviese y que el también asturiano y secretario nacional de UGT Pepe Álvarez interviniese, la operación no tuvo efecto alguno.
El SOMA tiene aún un importante relevancia (unos 9.000 afiliados), el cada vez menor peso de la minería en Asturias lo aboca a un proceso de gradual enflaquecimiento. Y más teniendo en cuenta lo que supone la siguiente escena de esta historia.
Cuarta escena: la minería ante el abismo. El futuro de la minería estará en entredicho el próximo año. 2018 es el tope que ha establecido la Unión Europea para llevar a cabo dos acciones que pueden resultar nefastas para el sector en Asturias. Primera, el cierre de aquellas explotaciones que no sean rentables; segunda, la gradual devolución de ayudas de las que sí lo sean. La minería asturiana tendrá muy difícil, salvo excepciones, superar este examen.
El fin adelantado de las térmicas y la fecha tope de las minas pueden acabar siendo una "descarbonización exprés" (como la ha denominado Izquierda Unida) de severas consecuencias para el sector energético asturiano aun cuando el horizonte global marcado por Europa para combatir el cambio climático sea el año 2050.
Así las cosas, con la presumible proximidad del SOMA con la actual dirección del PSOE, puede darse la paradoja de que nos encontremos con un tiempo en el que los intereses energéticos asturianos no encuentren en el PSOE un aliado en la política nacional. Y que, a la postre, el sector termine echando humo. Un pésimo desenlace.
