La carta de los Reyes Magos llegó en julio; en enero, sólo las rebajas. En las consejerías de Hacienda se frotaban las manos con la previsión en la que el Ministerio les anticipaba el pasado verano que los recursos procedentes del mecanismo de financiación autonómica, la base de todos los ingresos que hacen funcionar las administraciones, iban a subir en 2018 hasta ser los más suculentos de la historia. Habría para repartir 4.000 millones de euros más que en 2017, eso estimaba el departamento que dirige Cristóbal Montoro, y con aquella carta suya en la mano Asturias pronosticó para este año una subida de ingresos de 189. Pero entonces aún no había llegado el invierno.
Este enero, esta semana, la rebaja ha vuelto a llegar por carta. En una que firma la secretaria general de Administración Territorial del Ministerio, Beatriz Navarro, viene a decir que de lo dicho, casi nada. La tijera del ministro de Hacienda deja en suspenso el incremento prometido de los fondos a repartir y con él el nuevo récord de la financiación autonómica. Utiliza como justificación la ausencia de un presupuesto aprobado para 2018 -el Ejecutivo ha prorrogado el de 2017 por falta de apoyo político- y ya tiene levantados en armas a los gobiernos autonómicos de los cuatro puntos cardinales de su España.
Así se frustró la oportunidad de inyectar en conjunto unos 105.000 millones al sistema para el reparto de este año, una cantidad inédita en más de tres decenios que podría llegar a las arcas autonómicas como consecuencia de la incipiente recuperación económica. Se incrementarían tanto las entregas a cuenta de la recaudación prevista por los impuestos compartidos -IVA, IRPF y especiales- como la liquidación definitiva del modelo financiero en el ejercicio de 2016, cuando el Gobierno hizo unas previsiones prudentes desbordadas por la buena marcha de la economía.
El resultado adelantaba para este 2018 4.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas y una cifra global que habría superado incluso la de 2009, el año en el que el Gobierno socialista inyectó 11.000 millones más al sistema para propiciar la última reforma del método de reparto. Pero el Gobierno ha mandado parar. De paso que ejerce presión política en la búsqueda de apoyos para probar la aprobación de un presupuesto, deshace el cálculo de julio para que con el nuevo la cifra resultante ya no sea la más alta conocida. Con respecto a las previsiones del verano, las comunidades autónomas dejarán de ingresar como mínimo esos 4.000 millones que preveían aumentar, y seguro que esa cifra crecerá, toda vez que algunas de las regiones gobernadas por el PP no han desvelado el volumen del quebranto. La merma dejaría al menos sin incremento las cifras que ha repartido el sistema en 2017.
En Asturias, el recorte se come también buena parte del incremento de ingresos procedentes del sistema de financiación que había previsto el Principado. La Administración autonómica recibirá 116 millones menos en concepto de entregas a cuenta de la recaudación tributaria, cambiando por 2.447 millones los 2.563 programados en julio. Las cuentas del Ejecutivo autonómico contaban con disponer en 2018 con unos ingresos procedentes del modelo de financiación superiores en 189 millones a los de 2017. En esa cifra se computan entregas a cuenta y liquidaciones, y de ahí puede haber que empezar a restar ya 116 correspondientes al primer concepto, prueba evidente de hasta qué punto quedan las cuentas descuadradas y de por qué protesta el Principado. La Administración regional ha unido su queja a la que recorre España y ha considerado "inaceptable" que el Gobierno central vincule la cuantía del dinero que por ley debe aportar a las comunidades autónomas con la circunstancia política de su falta de apoyos para aprobar el presupuesto de 2018.
El caso es que el Principado puede ver mermada la cantidad total que preveía ingresar este año del sistema de financiación, 2.951 millones de euros que, de sustanciarse, aspiraban a ser la cuantía más alta del decenio y aproximarse mucho también a su techo histórico de entradas procedentes del Estado, los 3.062 millones de 2009. Lo voluminoso de la cifra explica su importancia, pero por si no queda claro basta decir que supone ejercicio tras ejercicio cerca del ochenta por ciento de los ingresos totales de la comunidad autónoma, el 77 en el no nato proyecto de presupuesto del Gobierno para 2018.
De las autonomías de régimen común que han desvelado cuánto perderían -todas excepto La Rioja y Castilla y León- Asturias es la décima más perjudicada en términos absolutos en una clasificación que lidera Andalucía, con 805 millones de merma, y cierra Baleares, con 67,3.
La reacción, que no se ha hecho esperar por toda España, tiene al frente a las regiones gobernadas por el PSOE y a Cataluña. Los socialistas se han apresurado a considerar la medida "un chantaje" de Montoro a las comunidades y los ciudadanos, desde las Islas Baleares se ha reclamado la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el recorte y mientras tanto las comunidades del PP piden calma en la confianza de que el temporal será "temporal" a la espera de que prosperen las cuentas estatales.
