"No me quedé con nada". Así de rotunda declaró ayer en la Audiencia Provincial de Oviedo Ana Gil, la expresidenta de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia por apropiarse, según la Fiscalía, de 288.300 euros de la entidad. En su declaración también acusó a quien le sustituyó al frente de la entidad, Francisco Colell, de querer la presidencia para que sus empresas de formación controlaran el dinero que ingresaba la Federación por este concepto. Él, por su parte, testificó que denunció la falta de dinero cuando tuvo acceso a las cuentas y que también fue él quien solicitó el concurso voluntario de acreedores por la falta de liquidez y las deudas acumuladas.

Tras un intento fallido de acuerdo, se inició la primera sesión de la vista oral -continuará esta mañana-. La acusada, Ana Gil, sólo respondió a las preguntas de su abogada y de la letrada que representa a la Asociación asturiana de centros y servicios de mayores (Asacesema), que también presidía ella cuando supuestamente se produjeron los hechos y que según la acusación le sirvió para desviar fondos.

Sin embargo, Gil aseguró que esta asociación recibía fondos de la Federación Nacional cuando se formó, al carecer de socios, igual que el resto de asociaciones que se crearon en las distintas comunidades autónomas. Y añadió que fue de ese dinero que la Federación daba a la asociación del que se consignaron las cantidades reclamadas por el Servicio Público de Empleo estatal.

Gil explicó que la Federación fue a la quiebra porque fallaron todos los proyectos con los que esperaban conseguir ingresos, como la construcción de la Ciudad de la Geriatría en Mérida. Coincidió en el tiempo que hubo elecciones y el PSOE perdió en Extremadura, con lo que el proyecto se fue a pique. Pero además, ella fue sustituida en la presidencia por Francisco Colell, "que se dedicaba a decirle a todo el mundo que yo no era la presidenta, sino él, generando gran confusión" y provocando que los proveedores de publicidad y otros conceptos dejaran de aportar fondos. La "pelea" por la presidencia acabó en los tribunales, que le dieron la razón a Colell. Fue entonces, cuando la nueva directiva tuvo acceso a las cuentas. La acusada negó que se quedara con dinero de la Federación en beneficio propio y remarcó que "todo está registrado en la contabilidad y en los justificantes bancarios".

La Fiscalía mantuvo la petición de cinco años de prisión para Ana Gil, además de una multa y una indemnización.