Llevaba años sin asomar la cooficialidad del asturiano por el hemiciclo autonómico. Como mucho la oposición preguntaba de vez en cuando al consejero de turno sobre cómo iban las conversaciones con el Ministerio de Cultura para la aprobación de la especiaIidad del asturiano o se interesaba por las partidas económicas de la llingua en la negociación presupuestaria de cada año. Pero el viraje de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en su último congreso, abrazando la cooficialidad de la llingua en la España plurinacional, ha agitado un debate que llega para quedarse. Al menos hasta las elecciones autonómicas.
La presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, rompió el hielo ayer, en su primera pregunta del año al Presidente. "¿Qué entiende usted por cooficialidad amable?", planteó a Javier Fernández, en alusión a los términos con los que el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, argumentó el viraje de su organización a un mayor reconocimiento de la llingua. "No soy el propietario intelectual de esa expresión (...) pero imagino que se refería a una determinada gradación", contestó el presidente del Principado que tiró de símil, tremendamente gráfico: "se puede ser partidario de la electricidad y ser contrario a la silla eléctrica". De seguido, Fernández añadió algo ya sabido: "Como yo no soy partidario de la cooficialidad, tampoco me he preocupado mucho de analizar los matices".
La respuesta no satisfizo a la portavoz del PP, que vino a pedir a Javier Fernández que se moje. "Su partido está metiendo a esta región en un galimatías", cuestionó Mercedes Fernández, que tachó de "cobardes" algunos de los planteamientos de Barbón sobre la oficialidad. "Cómo se puede decir que a esta cuestión no le conviene la política. Cuando oigo eso me da pena y risa. Las cooficialidad se debe residenciar en los Estatutos de Autonomía. Si esto no es política que venga Dios y lo vea", abundó la presidenta popular, que emplazó a Javier Fernández a que "se atreva, no abdique y mantenga en su partido un discurso valiente" porque, recalcó, "el problema es la obligatoriedad; cuando se aprueba la cooficialidad, despliega un haz de derechos y obligaciones que no tiene vuelta atrás. Y eso hay que decirlo con claridad". Mercedes Fernández acabó justificando el rechazo de su partido en "la transversalidad que supone la cooficialidad que, usted sabe como yo, en todas las comunidades autónomas donde se establece, empieza siempre igual y acaba siempre igual".
Las "obligaciones de la cooficialidad". "Yo no soy partidario de la cooficialidad", repitió el Presidente, quien precisó que el marco de la política lingüística de su Gobierno para lo que queda de legislatura es "aplicar la ley de uso y promoción y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía". Javier Fernández marcó distancia con el cambio estratégico de su partido. "Aparte de eso, el PSOE en su debate interno ha decidido apostar por la cooficialidad y lo que hará, me imagino, de cara a las próximas elecciones, será plantear en su programa cómo quiere esa cooficialidad y sus candidatos lo defenderán. Me parece absolutamente democrático", manifestó Fernández, quien reconoció que "nadie puede negar" que la cooficialidad "comporta una serie de obligaciones", entre las que citó "más presencia del asturiano en las escuelas e institutos y en la Administración". El Presidente expresó su preocupación de que el asturiano se convierta "es un elemento de confrontación más allá de lo normal ". Y calificó de "impostado" el discurso de los populares sobre el asturiano al recordar a la líder popular que "usted cuando militaba con el señor Cascos en el mismo partido, nos plantearon a los socialistas un cambio en el Estatuto de Autonomía para hacer una cooficialidad diferida, de tal forma que si se hubiera hecho, hoy se podría aprobar con una mayoría de 23 diputados frente a 22. Pero eso no va a ocurrir porque el PSOE no quiso; de tal manera que en la próxima legislatura tendrán que ser tres quintos de la Cámara los que aprueben una decisión trascendente como esa", zanjó el presidente.
La continuidad de las térmicas, de "interés general". Gaspar Llamazares, el portavoz de IU, preguntó al Gobierno qué medidas impulsa para afrontar el cierre de la minería y de las térmicas. Javier Fernández enumeró las reuniones comprometidas en su agenda con los presidentes de otras autonomías afectadas y la visita que hará a Bruselas el consejero de Industria, Isaac Pola. Llamazares exigió al Ejecutivo socialista "una actitud firme y coordinación, tanto con el Gobierno central como con otras autonomías afectadas para evitar "una ruptura energética" porque "quienes hacen política energética han de ser los Gobiernos y no las compañías eléctricas por muy malcriadas que estén". El portavoz de IU también juzgó conveniente "un frente común" para defender el futuro del sector. Javier Fernández alertó de que "hay una competición clarísima entre los Estados para favorecer a sus empresas en el marco de los mercados globales de bienes y servicios". El presidente se mostró partidario de que haya un control del Gobierno ante los deseos de cierre de las térmicas por parte de las eléctricas: "Este es un sector económico de interés general. Aquí no hablamos de que cierre una fábrica de zapatos o de palos de golf. En un sector económico de interés general, formado por empresas privadas con poder de mercado, no pueden ser las empresas las que decidan cuándo se cierra una instalación".
Los riesgos del área central, la reforma electoral y las ayudas a la natalidad. El Presidente rechazó que "la apuesta estratégica" por el Área Central "vaya a producir desequilibrios con las alas de Asturias", ante la preocupación que le planteó el portavoz de Podemos, Emilio León. El "cara a cara" con Cristina Coto trató sobre las ayudas directas a la natalidad, que plantea Foro "ante la inutilidad de las políticas socialistas". Javier Fernández respondió que no comparte medidas consistentes "en ayudas indiscriminadas, independientemente del nivel de renta de las familias". Nicanor García, de Ciudadanos, preguntó al Presidente sobre la reforma electoral. Javier Fernández le contestó que un cambio en esa ley ha de ser avalado por "una mayoría amplia y reforzada, que no es 23-22".
