Un vecino de Siero, Miguel Ángel P. R., lleva casi dos años esperando por un informe psicosocial, dentro de un proceso de modificación de medidas, para que su hija decida con qué progenitor quiere vivir. El retraso ha llamado la atención tanto a la Oficina del Defensor del Pueblo como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han recabado informes del Principado sobre el caso, sin mucho éxito. El sierense está dispuesto a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo por lo que considera un atropello. "En enero hizo dos años que presenté la demanda de modificación de medidas y llevan un año sin mover un papel", se queja. El caso pone sobre el tapete una de las carencias de la Justicia asturiana, la ausencia de equipos psicosociales suficientes para atender las necesidades de los Juzgados pequeños.
El Juzgado número 1 de Pola de Siero, de acuerdo con el ministerio público, ordenó en junio de 2016 la elaboración de un nuevo informe psicosocial dentro de la demanda de modificación de medidas planteada por Miguel Ángel P. R. El Juzgado sierense remitió un exhorto al Decanato de Oviedo, que lo turnó a los Juzgados de Familia, que a su vez lo comunicaron al equipo psicosocial, que se dio por enterado.
El problema es que el equipo adscrito a los Juzgados de Familia de Oviedo, y dependiente de la Dirección General de Justicia, está integrado solo por una psicóloga y una trabajadora social que prestan sus servicios no sólo a los órganos ovetenses y a la Audiencia Provincial, sino también a los de Siero, Langreo, Laviana, Infiesto, Llanes, Tineo y Cangas del Narcea.
Al estar adscrito a los Juzgados de Oviedo, rige un acuerdo del Juez decano de 25 de octubre de 2005 por el cual deben atenderse de modo prioritario las peticiones de informes de los Juzgados ovetenses y la Audiencia Provincial, asumiéndose los de otros partidos judiciales solo en casos especiales. De forma que las peticiones de informes periciales de fuera de Oviedo entran en una lista de espera y se van abordando por fecha de entrada cuando buenamente se puede. El año pasado, la demora era de un año, pero en el caso de este sierense la espera ya supera los veinte meses, sin que se le haya dado una explicación del retraso. Ni a él ni a la Defensora del Pueblo ni tampoco a la CGPJ, que han solicitado explicaciones al Principado sin contestación alguna, o al menos es lo que figura en la última comunicación del Consejo al afectado, que data de principios de este mes.
Ya en noviembre de 2016, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, remitió una serie de recomendaciones respecto a los equipos psicosociales entre las que se encontraba, aparte de crear unos protocolos homologables entre comunidades autónomas o facilitar formación continua a sus integrantes, una de importancia capital, "incluir en los protocolos el número mínimo de personas que deben formar cada equipo psicosocial". Al parecer se han aplicado las recomendaciones, salvo en la dotación de personal.
