Un supuesto delito de falsedad documental le costó el cargo a Ingrid Soraya Suárez Velarde, controladora general de Perú, algo así como la interventora del país andino, quien presentó documentos falsos de su paso por la Universidad de Oviedo. Ocurrió hace nueve años y como estos días hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la responsable peruana se empecinó en defender que había estudiado, en su caso, en la antigua Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón. Su fallo fue que incluyó en el currículo que había cursado la especialidad de Organización Industrial, título todavía pendiente de su implantación a fecha de hoy en la Universidad de Oviedo.
Suárez Velarde tenía la responsabilidad de supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado. Cuando se destapó el engañó optó por lanzar la pelota al tejado de la vecina Escuela Politécnica Superior de Ingeniería -por entonces no se habían fusionado las escuelas de ingeniería del campus de Gijón- aprovechando la circunstancia de que en la licenciatura de Ingeniería Industrial sí existía el itinerario de Organización. Tampoco sirvió el engaño. Ingrid Suárez decía formar parte de la promoción de 2002 del centro y aseguraba haber estudiado también en Berkeley. De la Universidad de Oviedo presentó una supuesta certificación de notas en un formato que no se corresponde con el habitual de la institución académica, donde figuraba como secretario académico del centro José Rendueles. Otra falsedad. El documento ni llevaba sello ni firmas oficiales y , además, Ingrid Soraya Suárez Velarde no figura en ningún expediente como alumna.
En los días siguientes a destaparse el amaño de su título, se sucedieron las llamadas del cónsul de Perú en Asturias y del embajador de Perú en España al director de la Escuela, Joaquín Mateos, ya fallecido. La mujer llegó incluso a telefonear al campus de Gijón para advertir a sus responsables que le habían perjudicado "muchísimo". El presidente de Perú en el momento en que se produjo el incidente, Alan García, tildó de "temeraria" su actitud. La función de Suárez Velarde en la Controladuría General de la República de Perú era la de supervisar al Gobierno vigilando la transparencia del mismo. En sus manos también estaba la toma de decisiones legislativas. Fue suspendida de inmediato por sus superiores pese a reconocer el engaño. La mujer llegó a decir: "No lo debería haber hecho. Lo cierto es ni siquiera necesitaba la titulación para acceder al puesto".
El de Ingrid Soraya Suárez no fue un hecho aislado. De vuelta a España, un médico que ejercía en Canarias fue suspendido al asegurar que contaba con un falso título de la Universidad de Oviedo. El facultativo impostor decía haber cursado estudios de Medicina en Asturias y fue necesario que interviniera de nuevo la institución académica para rebatir esa afirmación. El intrusismo profesional no es ajeno a la Medicina, donde las falsas colegiaciones han generado preocupación entre el colectivo médico en los últimos años.
Para evitar que falsos médicos logren establecerse en un puesto de trabajo que no les corresponde, antes deben superar una serie de requisitos, con la correspondiente certificación de estudios. Un médico debe estar colegiado allí donde tiene su domicilio profesional principal y si cambia de provincia en este ejercicio, debe hacer un traslado de su expediente colegial. En el caso del facultativo canario dónde mintió fue en la expedición de su título. Como en el caso de la interventora peruana no se había expedido en la Universidad de Oviedo.
Los sistemas de registros informáticos apenas superan la década de antigüedad no sólo en el caso de los Colegios de Médicos, sino también en el Ministerio de Educación. Por tanto, quienes intentaron falsificar su título hace 15 años, quizá lo tuvieran más fácil. Ahora, sostienen desde la Universidad de Oviedo, "no habría posibilidad de que se produzca un fraude", porque todos los procedimientos administrativos se hacen de acuerdo a una tramitación oficial, regulada por reglamentos específicos, que está certificada y regulada en las memorias de verificación y las guías docentes. Además, queda siempre una huella, frecuentemente electrónica, acerca de quién efectúa cada registro, a petición de qué persona y en qué expediente.
Pero las grietas del sistema han llevado a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del PP, quien asegura haber cursado un máster de Derecho Público del Estado Autonómico en el curso 2011-12 en la Universidad Rey Juan Carlos se haya visto envuelta en una agria polémica ante la supuesta falsedad de su título. La desaparición del trabajo de Fin de Máster de Cifuentes y la supuesta falsificación de documentos oficiales la mantiene en la picota desde hace varios días como en su día estuvieron también la interventora peruana y le médico canario.
