Ni el nuevo ambiente político para unos, ni la falta de ganas o de prisa del Gobierno del PP para otros dan aliento a la expectativa de un próximo desbloqueo satisfactorio de la reforma del sistema de financiación autonómica. Los grupos de la Junta confluyen por caminos distintos en la certeza de que no existen motivos para el optimismo y ayer, al salir de reunirse con la consejera de Hacienda del Principado, Dolores Carcedo, nadie daba muestras de confianza en el futuro inmediato. El portavoz socialista, Marcelino Marcos, coincide con el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé en que en este camino hacia un nuevo modelo de reparto financiero "no hay grandes avances, y no ya desde el punto de vista político. Lo preocupante es que tampoco existen en la vertiente técnica".

"Sin prisa", dice IU

Al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, le da "la impresión de que el PP no tiene mucha prisa". Sin indicios de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera prometido para este mes de mayo emerge además la moción de censura que plantea el PSOE y que al decir del diputado popular José Agustín Cuervas-Mons "puede condicionar cualquier planteamiento sobre financiación autonómica en el futuro" y retrasar más el asunto. El parlamentario del PP pone a su grupo en posición de "colaboración y ayuda al Gobierno del Principado para obtener la mejor financiación posible para Asturias" mientras el portavoz de Podemos, Emilio León, abona el escepticismo. "Lo que necesitamos", dice, "es un modelo de financiación autonómica que escape a la visión cleptómana que tiene el PP, porque el problema de fondo es la insuficiencia de recursos".

El motivo de la reunión de todos los grupos de la Junta salvo Foro con la Consejera, era el análisis del documento técnico remitido la semana pasada por el Ministerio que todavía no es, lamenta el Gobierno autonómico, la posición oficial del Ejecutivo central. Es justo esa concreción de posturas y propuestas lo que exige el Principado, que alegará contra el informe aprovechando para reiterar sus postulados fundamentales, como su oposición a la inclusión de una ordinalidad vinculada a la capacidad fiscal de cada territorio o su demanda de una armonización fiscal real.