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¿Cómo van a poder acceder más de 8.000 interinos a su plaza fija en Asturias?

Los sindicatos avalan, con matices, la propuesta del Principado para acabar con cerca del 70% de los interinos de la Administración

Macrooposición de junio de 2019 para seleccionar a 781 maestros. Irma Collín

Con algunos reparos y la oposición de los sindicatos sectoriales de la sanidad y la educación, el Gobierno del Principado recibió ayer el aval sindical para su última propuesta de reducción de la interinidad en la administración autonómica. El acuerdo de la mesa general de negociación, apuntalado con los votos a favor de CSIF, UGT y CC OO, la abstención de USIPA y el voto contrario de los sanitarios SIMPA y CEMSATSE y del educativo ANPE, materializa un acuerdo que algunos califican de “histórico” y que materializará “la mayor oferta de empleo público” en Asturias para transformar en fijos, de aquí a 2024, 8.413 puestos que han estado ocupados por trabajadores temporales durante al menos tres años. El proceso promete reducir la temporalidad del empleo público asturiano desde el inasumible nivel actual, por encima del veinte por ciento –y con ámbitos de la sanidad que superan el treinta–, hasta un grado que rebajará el ocho por ciento que a requerimientos de la UE fija como objetivo la ley estatal del pasado diciembre.

Después de una intensa negociación y no pocas tensiones, la cifra final eleva en casi 1.500 plazas el cálculo de 7.000 que el Principado hizo a comienzos de marzo. Su desglose, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, otorga a la sanidad casi un 57 por ciento del cómputo global, con 4.793 puestos; una cuarta parte a la administración general –con 2.058, 1.272 laborales y 786 funcionarios– y algo más del 18 por ciento a la enseñanza –1.562–. Sabiendo que la ley estatal establece que se otorgarán excepcionalmente por concurso de méritos –sin examen– las plazas ocupadas por un interino al menos desde 2016 y por oposición –con examen, pero no eliminatorio– las de una antigüedad de al menos tres años, el acuerdo detecta una abrumadora mayoría de trabajadores que accederán a un puesto fijo sin prueba previa.

Mayoría del concurso

El concurso será la vía de acceso para 6.596 puestos, casi ocho de cada diez, frente a los 1.817 que necesitarán superar un examen. El predominio de la simple valoración de méritos es casi absoluto en la sanidad –4.463 puestos frente a 330 con examen– y en la administración general –1.899 por 159–. Solo en la educación, dada la elevada movilidad de los puestos de los docentes interinos, hay superioridad de las adjudicaciones con oposición (1.328) sobre las del concurso (234). Hay 972 profesores de Secundaria y 508 maestros. Se harán estables, en definitiva, cerca de 8.500 de los más de 12.000 interinos que, según fuentes sindicales, ejercen ahora en la Administración, a razón de un promedio aproximado de siete de cada diez.

El desglose sanitario

En el ámbito del Servicio de Salud del Principado (Sespa) se estabilizarán mediante concurso de méritos 616 plazas de médicos de todas especialidades, 959 de enfermeras y 1.043 de auxiliares de enfermería.

El acuerdo trata de compensar al personal fijo reservando para la promoción interna el 50% de las vacantes por jubilación

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Un 50% para la promoción interna

El acuerdo alcanzado ayer en la mesa de negociación afinó las cifras y trató de arbitrar una solución para los trabajadores fijos en su condición de “grandes damnificados”, porque se les coartan sus aspiraciones de promoción interna al reservar para los interinos algunas plazas que ellos podrían ambicionar. En su respuesta, que no satisfizo a todos los representantes sindicales, la Administración se compromete por escrito a reservar para ellos el cincuenta por ciento de las plazas de funcionarios que salgan a convocatoria en las ofertas ordinarias de los años 2022, 2023 y 2024. Esto equivale a otorgarles la mitad de los aproximadamente 2.000 puestos que se estima que dejarán vacantes las jubilaciones en los próximos años. USIPA justificó en parte su abstención en su convicción de que este porcentaje es escaso y en que requirió sin éxito su aumento al 60 por ciento.

El Gobierno, “muy satisfecho”

El director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, habría preferido un acuerdo unánime, pero se siente “muy satisfecho” con el aval de la mayoría de los sindicatos tras un proceso “muy complejo”, fruto de “muchas semanas de negociación intensa”. “Estamos muy contentos por el trabajo realizado y la complicidad y el acompañamiento de las organizaciones sindicales”, reseñó. Ahora el pacto debe ser aprobado en el Consejo de Gobierno y publicado antes del 1 de junio en el Boletín Oficial del Principado.

Los sindicatos, menos

La satisfacción tiene algunos matices más entre los sindicatos, incluso entre los firmantes del acuerdo. Sergio Peña, presidente de CSIF en Asturias, celebra con algunos reparos este “acuerdo histórico” que a tenor de las circunstancias era “el mejor acuerdo posible”. Su organización promete mantener la vigilancia para que se cumpla la promesa de reserva de plazas para el personal fijo y añade una objeción, que “originará recursos”, relativa al cálculo de las plazas que han de otorgarse a personas con discapacidad y que no alcanza el siete por ciento requerido.

Las organizaciones sindicales aceptaron por mayoría y con reparos la que será “la mayor oferta de empleo de la historia del Principado”

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“La mayor ETT” de la región

Borja Llorente, portavoz de CC OO, celebra con algunas reservas esta luz verde para “la mayor oferta de empleo de la historia del Principado”. “No es la que nos habría gustado, tiene limitaciones, pero va a reducir el empleo temporal y la precariedad en la Administración” para que el Principado deje de ser “la mayor Empresa de Trabajo Temporal” de Asturias. Aunque discreparon sobre todo en el subsector de la administración, en general entiende que estabilizar casi 8.500 plazas será buena para los servicios públicos, para la economía y para el rejuvenecimiento de las plantillas públicas.

El reto de la valoración de los méritos

UGT resalta que ha exigido el cumplimiento de la ley estatal y urge a la Administración a iniciar la siguiente batalla, “la negociación de las bases” y la valoración de los méritos en estos procesos selectivos, que tendrán que estar convocados antes del 31 de diciembre. En este punto inciden también desde USIPA. Convencidos de que en la definición del mecanismo de valoración hay ahora “otro reto” y no es menor, explican su abstención por la falta de eco de sus requerimientos. Además de los perjuicios al personal fijo, abundan en que “no se incluyen, entre otras, plazas de enfermería y facultativo de 2019 y 2020 que estaban sin convocar”. José Luis González, coordinador del sindicato, considera “un insulto la respuesta que nos dieron, que esos puestos no están presupuestados y que querían que viniera gente joven de otras comunidades”. Consideran, en resumen, que la estabilización es importante, pero “entendemos que no ha sido un buen acuerdo”.

“Falta de transparencia”

El voto en contra de SIMPA, SATSE y ANPE “valora positivamente las cifras de la oferta de empleo en el sector sanitario y educativo, pero lamenta la ausencia de rigor y transparencia en las reuniones con los sindicatos para identificar las plazas, ya que en ningún momento se ofrecieron datos desglosados por especialidades, lo que hace imposible determinar si las ofertadas son realmente todas las susceptibles de estabilización”. En esas circunstancias, dicen, “no podemos dar un aval a ciegas”.

En una línea similar, el sindicato educativo SUATEA deja constancia de su “profunda decepción” con el resultado final. Miran las cifras y no les salen las cuentas. “Nos encontramos con una mísera reserva de plazas, que se corresponde con las que la propia Consejería no convocó en oposiciones anteriores”. Critican la exclusión de la negociación sectorial y hacen su propia cuenta: “Para el concurso de méritos deberían ofertarse no menos de mil plazas, y para cumplir el requisito de bajar la interinidad del ocho por ciento habría que sacar, al menos, otras seiscientas para el concurso-oposición”. Su total sería de 2.300, frente a las 1.562 que ofrece la Administración.

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