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El Principado ultima una “oferta histórica” de 8.500 plazas para que la interinidad baje del 8%

Función Pública eleva en casi mil puestos la propuesta inicial tras la negociación con los sindicatos que llega hoy a la Mesa general

Sede de las consejerías del Principado.

El Gobierno asturiano ultima “una oferta histórica” de unas 8.500 plazas para reducir la tasa de interinos en el Principado por debajo del 8 por ciento, que exige Bruselas como condición para la entrega de los fondos de reconstrucción postpandemia. La dirección general de Función trasladará su propuesta en la reunión de esta mañana en la Mesa general, en la que espera contar con el visto bueno de la mayoría sindical. En las últimas dos semanas los contactos del Ejecutivo con las organizaciones sindicales han sido casi diarios para llegar a un acuerdo sobre las plazas que serán objeto de los procesos de estabilización a convocar por el Principado antes de finales de año.

El primer borrador pasado por Función Pública a los sindicatos preveía una reducción de la interinidad en algo más de 7.500 plazas, que estaban ocupadas en la actualidad por personal interino desde hace, al menos, tres años. Aunque la mayoría de los sindicatos ya reconocieron a la vista de ese primer documento que se trataba de una cifra “importante”, también advirtieron que se quedaría corta, según sus estimaciones, si la pretensión del Principado era cumplir el objetivo fijado por la ley estatal de diciembre de 2021, de situar la tasa de empleo temporal por debajo del 8 por ciento en la administración autonómica. Una de las condiciones fijadas por ley es que la reducción de la temporalidad no suponga un mayor gasto económico, ya que se trata de plazas cubiertas por interinos desde hace años y, por lo tanto, ya son consideradas estructurales.

Las cifras


4.793 plazas en la Sanidad

2.046 plazas en Consejerías

1.562 plazas en Educación

La gran mayoría, 1.328, está previsto que se adjudiquen por el procedimiento de concurso-oposición (con un examen), mientras que otras 234, aproximadamente, se resolverán por un concurso de méritos. 

En administración general y servicios está previsto que vayan a este proceso de estabilización 1.261 plazas de personal laboral y 785 de personal funcionario de los cuerpos y escalas del Principado.

A expensas de que pueda haber ajustes de última hora, sobre esta cifra, que podría aproximarse a las cinco mil plazas, se adjudicarán 4.463 por concurso de méritos (sin examen) y unas 330 por concurso oposición, con un primer examen que no será eliminatorio.  

Respuesta masiva

Esa primera estimación de 7.546 plazas reservaba 4.697 para los procesos de provisión en la sanidad, 1.915 en administración y servicios (las consejerías) y 934 en la educación. Casi todos los sindicatos hicieron llamamientos masivos a los interinos de media y larga duración para que comunicasen desde cuándo se encontraban en las puestos de trabajo que desempeñan en la actualidad, a efecto de cotejar si ese primer listado provisional se ajustaba a la realidad. La respuesta de los interinos al llamamiento sindical fue inmediata. “Recibimos cien correos de interinos al día”, aseguraron desde uno de los sindicatos mayoritarios. De hecho, los datos recopilados en estas dos semanas han servido de base para las negociaciones y el tira y afloja con el Principado sobre las plazas que deben quedar definidas antes del 1 de junio para que luego puedan ser objeto de los concursos de méritos y concursos-oposición a convocar antes de que finalice 2022, unos procesos que deberán quedar resueltos antes del 31 de diciembre 2024.

En tiempo récord

El listado que hoy presentará la dirección de Función Pública en la reunión de la Mesa general recoge buena parte de las plazas reclamadas por los sindicatos para situarse en torno a las 8.500, con el siguiente reparto: cerca de 5.000 en la sanidad, alrededor de 2.000 en la administración general y servicios y en torno a 1.500 para docentes de la educación pública. Una oferta que, según fuentes de la función pública asturiana, es “histórica”, tanto por el volumen como porque dichos procesos deberán desarrollarse en un tiempo récord de apenas dos años y medio. Las mismas fuentes dieron por hecho que, con esta reducción de la temporalidad, “la tasa de interinos del Principado quedará incluso por debajo del 8 por ciento”. En la actualidad, en algunos servicios básicos como la sanidad estaba muy por encima del 30 por ciento. El propio vicepresidente, Juan Cofiño, responsable también de la consejería de Administración Autonómico, ya advirtió meses atrás, cuando este proceso de estabilización de empleo echó a andar, de la necesidad de que mantenga un volumen de trabajadores temporales para cubrir las bajas que se producen de forma ordinaria, ya sea por enfermedad o para cubrir de manera inmediata las vacantes de los funcionarios que se jubilan a lo largo del ejercicio.

La gran mayoría de estas plazas, unas tres cuartas partes, se adjudicará por concurso de méritos –es decir, sin necesidad de realizar examen– mientras que el resto se cubrirá por el procedimiento de concurso-oposición sin que el examen tenga carácter eliminatorio ya que se trata de procesos excepcionales, que no volverán a repetirse en estas condiciones nunca más. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, cerca de 4.500 plazas se adjudicarán por concurso de méritos. En cambio, en la educación la gran mayoría, más de 1.300 saldrán a concurso-oposición, mientras que unas doscientas se adjudicarán mediante concurso de méritos. En el ámbito de las consejerías (administración y servicios generales) también será muy mayoritario el porcentaje de plazas a adjudicar por concurso de méritos.

La promoción interna

En el tira y afloja entre la administración y los sindicatos de las últimas semanas también se ha planteado el impacto que esta convocatoria masiva para atajar la interinidad ha tenido sobre la promoción interna. Hay funcionarios que llevan años sin poder promocionar y ahora verán que puestos apetecibles, cubiertos por interinos, quedarán reservados para este proceso de estabilización sin que estos empleados ya fijos puedan optar a ellos. Una posible salida a esta situación, que la propia Administración reconoce, sería potenciar la promoción interna como vía para cubrir las más de dos mil plazas que dejarán vacantes el personal cuya jubilación está prevista en un plazo máximo de tres años.

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