F. L. J.
La presión de varios presidentes de puertos estatales, entre ellos el avilesino Manuel Docampo, para que sea la caja del Estado la que asume la deuda acumulada por las tarifas indebidamente cobradas entre los años 1993 y 2004 -406 millones de euros en total, entre principal e intereses- ha dado fruto. El Gobierno central ha anunciado estos días su disposición a asumir el pago de la deuda y en tal sentido ya ha aprobado un crédito de 90,5 millones de euros para ayudar a cinco autoridades portuarias: Málaga, Tarragona, Marín y Pontevedra, Barcelona y Valencia. Asimismo, se han dado instrucciones para aplicar recursos del fondo portuario de contingencia a la liquidación de este «agujero».
En el caso del Puerto de Avilés la deuda asciende, según la estimación que hace Puertos del Estado, a 2,5 millones. El hecho de que el Ministerio de Fomento acuda al rescate financiero de los puertos les libra de un serio problema financiero: a modo de ejemplo, 2,5 millones son los beneficios que suele obtener el puerto avilesino en un año de los considerados «buenos». Peor lo tienen terminales como Tarragona, que adeuda 53,8 millones o Valencia, que debe 22,5 millones.
Estos débitos son consecuencia de la incorrecta aplicación durante diez años de la tarifa T3, que grava el uso de las aguas portuarias, las dársenas, los accesos terrestres y las zonas de manipulación de mercancías. Tras años de litigios, el Tribunal Constitucional dio la razón a las empresas usuarias de los puertos; éstas defendían el carácter de prestación patrimonial de carácter público de esa tarifa.
