Oviedo, L. Á. VEGA

«Mátame porque no lo soporto más», suplicó José Rodríguez Fernández, uno de los hermanos octogenarios brutalmente asaltados en una casería de Fuencaliente, en la parroquia de Cancienes, mientras le acercaban un soplete a los ojos, después de abrasarle una mano y un muslo. «Nos dijeron: "Os vamos a hacer rodajas y luego a quemaros dentro de casa"», añadió José, de 82 años. La tortura se prolongó, según declaró, durante unas dos horas. Luego los dejaron tirados en el suelo, atados de pies y manos y amordazados, con las puertas y las ventanas abiertas. «Ya conté con que me moría allí, no me podía defender y estaba muy frío», aseguró.

Su hermano Manuel, de 87 años, que ayer no pudo acudir al juicio celebrado en la sección tercera de la Audiencia, al encontrarse impedido, pudo reaccionar aquella madrugada del 1 de diciembre de 2007. Se desató a duras penas y luego hizo lo mismo con su hermano. «A él lo trataron un poco mejor», añadió José. Y eso que los dos asaltantes habían cogido una guadaña y luego una sierra de podar árboles, con la que amenazaron con cortarle la cabeza. «Hicieron ademán de serrar, pero no le pasó nada a Manuel», dijo Rodríguez, que es tío de José Manuel García, «Roxín», director deportivo de la peña ciclista del mismo nombre.

Mientras declaraba el anciano, a su derecha, en el banquillo de acusados, uno de los presuntos autores del brutal asalto, Alfredo P. G., no perdía detalle. José Rodríguez fue incapaz de reconocer a su presunto agresor, el único que acudió al juicio, puesto que el otro, Ángel C. P., está en rebeldía. La víctima ni siquiera encontró familiar el tono de voz del acusado cuando el juez le hizo leer algunos fragmentos del Código Penal. Con voz trémula y constantes tropezones, el acusado leyó las penas que castigan los homicidios involuntarios.

La voz de los asaltantes había sido muy otra aquella madrugada. Eran las 4 de la madrugada. José acababa de dar de comer al ganado e iba a acostarse. Su hermano ya lo había hecho un poco antes. «Saltaron dos a la cocina y se tiraron encima de mí. Me metieron en la boca un saco lleno de tierra de las patatas. Me dieron patadas por todas partes, por la espalda y la cabeza sobre todo. Yo ya pedía que me mataran, echaba sangre por todos lados», rememoró José Rodríguez.

Los asaltantes lo sabían todo. Le preguntaron al anciano dónde tenía la escopeta. Le dijeron que lo conocían desde hacía treinta años. Él seguía negándose a darles el dinero. «¿Cómo no vas a tener dinero si acabas de comprar un tractor de 20 millones?», le espetaron. José, con un ojo cerrado por los golpes y las quemaduras, sangrando por las muñecas y por la boca, terminó confesando dónde tenía el dinero: detrás del espejo del baño. «A mí me quitaron 3.000 euros y a mi hermano, 500», aseguró el ganadero.

¿De dónde pudieron sacar la información? El hermano de Alfredo P. G. llevaba varios años repartiendo el pienso a las dos víctimas. Prefirió acogerse a su derecho a no declarar, en virtud de los lazos familiares que le unen a uno de los acusados.

La Policía judicial de la Guardia Civil encontró en las casas de los acusados la escopeta, cartuchos, el soplete y un teléfono móvil, que utilizaba María Esperanza P. G., a la que se responsabiliza de un delito de receptación. Alfredo P. G. se limitó a asegurar que había encontrado esos objetos en un vertedero de Las Vegas, localidad a la que acudía para dejar a su hija de 12 años con su madre. En aquella época tomaba tres o cuatro gramos de cocaína al día, pero no le hacía falta dinero, porque había hipotecado su casa de Ciaño y disponía de 42.000 euros. Su mujer, María Esperanza P. G., declaró que desconocía que el móvil que usaba fuese robado, y que hubiese una escopeta en el trastero de la casa.

El fiscal Gabriel Bernal modificó la pena solicitada para esta mujer de dos años y nueve meses a veinte meses de cárcel. En cambio, incrementó la pena para Alfredo P. G., hasta trece años y nueve meses de cárcel. La defensa de María Esperanza, a cargo de Luis Tuero, solicitó la libre absolución. «Mi mandante no tiene nada que ver y pasó nueve meses en la cárcel», indicó. El letrado de Alfredo P. G., Juan Manuel Vega, pidió también la libre absolución y alternativamente seis meses de cárcel por tenencia ilícita de armas. Alfredo P. G. pidió clemencia ante el tribunal, toda vez que tiene una hija de 15 años a la que está manteniendo.