S. F.

Las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Avilés se tensan por momentos. Fernando Díaz Rañón, teniente de alcalde, acusó a Pilar Varela, la primera edil, de haber abierto «la puerta de atrás» del consistorio a medio centenar de trabajadores temporales. Manuel Gómez Mendoza, de USO-SFALA, apuntó el dedo acusador contra el sindicato UGT. Mendoza aseguró ayer que «la mayoría» de los cuarenta y dos que Varela hizo indefinidos no fijos en diciembre de 2007 «fueron fruto de la negociación del gobierno con UGT». Los dardos contra la central vienen también desde el minoritario CSIF: «Las prácticas de enchufismo se vienen haciendo desde hace años», aseguró José Manuel Díaz.

Ángel Luis Fernández, secretario general de UGT en el Ayuntamiento, es claro: «No hemos enchufado a nadie, ningún trabajador temporal ha entrado por la puerta de atrás porque no están dentro. Las plazas que dicen que ocupan tienen que salir a concurso público. Son trabajadores temporales, insisto. Este tipo de acusaciones irresponsables sólo van en menoscabo de la multitud de trabajadores temporales, ahora sospechosos de no sé qué», se indignó Fernández para lanzar luego una acusación contra Díaz Rañón: «En todo caso no entiendo que un señor que estuvo cuatro años en la oposición y ocho en el gobierno y que ha visto cómo pasaron por delante de sus narices decretos como este de 2007 haya tardado tanto en denunciarlos. ¿Qué pasa? ¿Antes no eran sospechosos y ahora sí que lo son? ¿Por qué?», comentó.

Fernández también atacó a Mendoza: «Es un hombre que ha estado liberado toda una vida y que en su época de presidente de la Junta de Personal permitió ciertas cosas que ahora arrastramos nosotros». Las acusaciones de «enchufismo» lanzadas contra UGT fueron rechazadas por Fernández: «No sabíamos nosotros que mandáramos tanto en el Ayuntamiento», sentenció.

Mendoza puso sobre la mesa la «singular subrogación de los trabajadores de Elecnor por el Ayuntamiento». La polémica se retrotrae al año 2008. Tras una sentencia judicial, la empresa Elecnor se vio obligada a subir el sueldo de los empleados suyos que servían en la Fundación de Deportes. Cuando concluyó el contrato, rompió su relación laboral con el Ayuntamiento al considerar el contrato, en las nuevas condiciones, poco beneficioso. De ahí que el gobierno reaccionase asumiendo como propios -es decir, metiéndolos en la nómina del propio Ayuntamiento- los trabajadores que antes habían estado en Elecnor. El gobierno despidió a los veintiún afectados, les pagó una indemnización y ahora trabajan en la empresa Avilés Servicios. «Pero están ahí porque pasaron las pruebas, como el resto de los trabajadores», recordó Fernández.

Pero el ventilador del presunto enchufismo alcanza todas las esquinas de la Junta de Personal. Mendoza aseguró que el agente número 23 de la última convocatoria de la Policía «entró por ser del Sipla». Esta apreciación fue rechazada por un portavoz de la central: «Es un resentido, perdió las elecciones».