Nubledo, Illán GARCÍA
Un juez de lo contencioso administrativo de Oviedo ha declarado nulo el despido de la interventora accidental por negarse a firmar un documento que daría de paso la viabilidad económica del Plan General de Ordenación Urbana. Según el magistrado, la revocación que hizo el alcalde, Luis Belarmino Moro, supone una restricción del derecho de la funcionaria e implica una grave conculcación de la independencia de los trabajadores municipales al no permitirle consultar los informes que había solicitado previamente. Para esta decisión judicial, aún cabe recurso.
En su momento, la trabajadora cesada alegó que por ética profesional jamás firma informes que no hayan sido redactados por ella y «sin que se le entregara el documento sobre el que se solicitaba la conformidad» del planeamiento urbanístico del concejo. Esta cuestión fue replicada por el gobierno local, que indicó que el departamento de intervención «estaba en posesión de esos informes».
La funcionaria aseguró además el pasado mes de julio que el informe previo solicitado ha de incluir las previsiones municipales en el Plan General de Ordenación Urbana porque, de lo contrario, la no aplicación de las inversiones previstas podría determinar la inviabilidad de las normas urbanísticas «y eso no constaba en el expediente en el que se pretendía que se diera la conformidad».
El secretario comarcal del sindicato USO, Israel Castro, por su parte, indicó que los Ayuntamientos «derrochan tiempo y dinero en pleitear contra los derechos de los trabajadores en vez de dejarse asesorar por los funcionarios» y añadió además que le parece lamentable que los políticos «como meros gestores transitorios, actúen como el peor de los empresarios». Estos actos se remontan a una decisión de Alcaldía del pasado 26 de julio. Una vez cesada a la funcionaria en cuestión, el gobierno nombró a otro trabajador municipal ya que el Ayuntamiento carece de interventor oficial desde abril de 2009.
