Pasado ya el gran «show» de las listas, las coaliciones y los carteles, donde tantos individualismos y mezquindades se han hecho patentes, la atención debiera recaer en el contenido de la oferta de los concurrentes. En un país como el nuestro, con un índice de cultura media y todavía escasa experiencia democrática, la elección de voto se hace por la apreciación de la imagen global, y en escasa proporción la alternativa elegida obedece a una valoración meditada. Solamente grupos reducidos son capaces de hacer un mínimo de distingos concretos entre, por ejemplo, las distintas políticas económicas que ofrecen PP, PSOE, CiU, UPyD e IU.

Si la opción se reduce a extremos, aún hay posibilidades diferenciadoras de bulto, pero el tema es más arduo entre otras siglas. Todos los grupos, por ejemplo, se refieren al problema principal que tiene el país, el paro, prometiendo luchar contra él, y esto es lo que queda en el votante, pero sin entrar en demasiadas disquisiciones sobre cómo se instrumenta diferencialmente por los diversos partidos. Todos los partidos hay que suponer que desean remediar los problemas del país, pero el «quid» reside en las fórmulas concretas.

El PSOE en su programa electoral, 150 hojas, apuesta por «estimular la contratación» mediante el pago por parte del Estado de la cotización de la Seguridad Social de los nuevos empleados. Para los jóvenes se propone un contrato de formación y para las pymes y autónomos una ley de fomento.

Para el PP, la mejor fórmula de combatir el desempleo es volcarse en aquellos que crean puestos, emprendedores, pymes y autónomos, para los que plantea modificar el régimen del IVA y que así no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas. Para facilitar la contratación del primer trabajador dará una ayuda de 3.000 euros a descontar de las cotizaciones sociales y, además, propone una simplificación de los modelos de contrato.

Es evidente que ni el PSOE ni el PP se atreven a proponer otras fórmulas, ni a hacer promesas, conscientes de que el paro no remitirá sin un previo cambio de la tendencia económica.

Más diferencias de criterio se pueden apreciar en cuanto al tratamiento del contexto económico y control del déficit. Para el PSOE, el recurso se basa en la subida de impuestos, creando nuevos, como el que grave los beneficios de las instituciones financieras, rescatando otros, como el de patrimonio, elevando las tarifas sobre el alcohol y el tabaco y la llamada fiscalidad medioambiental.

El PP, en su programa de más de 200 páginas, no incluye nuevos impuestos, sino que anuncia bajadas, sin especificar recortes de gastos, lo cual parece bastante problemático. Hay un claro énfasis respecto a la mejora de la gestión, acudiendo a expresiones como «colaboración público-privada» que podría aplicarse a diferentes sectores como el transporte, correos y televisiones autonómicas.

En este paquete, cualquiera que ocupe la Moncloa sabe que las reglas más decisorias vendrán desde Bruselas.

En otras cuestiones como los servicios de sanidad, educación, asistencia, organización territorial, energía, igualdad, política exterior, emigración y otros, se aprecian mayores diferencias entre los dos grandes partidos y también con otras fuerzas, especialmente con IU y UPyD. Los nacionalistas inciden en lo de siempre y a la espera de sacar tajada si los necesita el que quiere gobernar a cualquier precio.

Con la información difusa y contradictoria que recibe el hombre de la calle, no es extraño que la elección de voto se determine, al fin, por la imagen global y no por detalles de programa. Debates, mítines y redes sociales son otros elementos que contribuyen a la ceremonia de la confusión.