E. CAMPO

El PP avilesino reclama retirar la aprobación del plan especial de mejora del casco histórico del orden del día del Pleno del viernes. Y es que su portavoz, Constantino Álvarez, considera que, antes de someterlo a la votación definitiva, el gobierno tiene que consultar a CUOTA para garantizar la seguridad jurídica del documento, que los populares ven en duda. Además no ahorró críticas con las múltiples demoras de la tramitación de un plan «al que ya se le pasó el arroz». Como ejemplo puso el frustrado intento de la cadena Hilton de abrir un hotel en Carlos Lobo, en el año 2007. «Fue la actuación que más cerca estuvo de salir adelante, y hacemos responsable de su fracaso a la Alcaldesa, que no quiso firmar un convenio e impuso que se incluyere en el plan especial de mejora, que tardaría todavía cinco años en aprobarse».

En lo que se refiere a la seguridad jurídica del plan, Álvarez explicó que en el expediente se incluye el escrito del representante de una de las actuaciones en el que se pone en duda que el suelo urbano pueda ser considerado «no consolidado», como recoge el documento. «Es suelo urbano el que tiene todos los elementos exigidos: calles, aceras, saneamiento... En el plan especial, justificando nuevos aprovechamientos del suelo, se considera que no son consolidados». El expediente recoge también una sentencia del Tribunal Supremo que, en un caso similar, condena al Ayuntamiento de Piloña y anula en parte el Plan General de este municipio. «Con esta sentencia en la mano, el plan no tiene seguridad jurídica», aseguró Constantino Álvarez. De ahí que soliciten que se posponga su aprobación hasta que se pronuncie la CUOTA. Los votos de los otros partidos de la oposición, Foro e IU, serán determinantes para exigir o no este requerimiento. La aprobación definitiva del documento exige mayoría absoluta de los miembros del Pleno.

Además, el portavoz del PP considera «sorprendente» que por segunda vez durante la tramitación de este plan haya un paso que se apruebe por silencio administrativo. «La comisión de Patrimonio y cultura no ha considerado importante o relevante mirar este plan especial, cuando el mismo documento del Ayuntamiento de Oviedo recibió más de 200 sugerencias, y un centenar el de Gijón», criticó. Recordó además que en Avilés «ya se vivió una polémica cuando se aprobó el catálogo de edificios protegidos por silencio administrativo». «Le pregunté al concejal de Urbanismo, Teófilo Rodríguez, y me vino a reconocer que muy normal no es, aunque legal sí».

El PP se ha venido absteniendo en todas las votaciones relativas al plan especial de mejora del casco histórico, y sigue mirando el documento con escepticismo. «No hay garantía de que ninguna actuación salga adelante», afirmó. Su argumento es el que sigue: «Fueron muy contestadas por un importante número de alegaciones, de las que deduzco que las compensaciones que se exigen para sacar adelante los mayores aprovechamiento no son aceptadas por los propietarios. Así que esto es papel mojado, llega tarde y llega mal». Asegura que, en estas condiciones, la única solución es conseguir que los proyectos salgan adelante mediante modificaciones del plan o por vía de convenio. «Y es una pena porque en momentos de crisis es el momento de papeles, de tener todos los trámites administrativos hechos y tener el plan con todas las garantías de que con el menor atisbo de mejora económica estas actuaciones saldrán adelante. Pero no se aceptan las condiciones, así que da igual que mejore la economía. Hay que sentarse de nuevo a negociar», sentenció.

Por su parte, la concejala del PP Carmen Vega incidió en la importancia de potenciar el casco histórico. «Tenemos el mejor trazado medieval de Asturias, hay que potenciarlo con algunas de estas medidas que son beneficiosas», afirmó. Como ejemplo puso la apertura de un paso entre la plaza del Carbayo y del parque Luz Rodríguez Casanova, que está contemplado en el plan. «Es una actuación que puede llevar a cabo el Ayuntamiento sin tener que negociar con promotores».

Vega añadió que todas las medidas que se adopten para potenciar el casco histórico serán bienvenidas. De ahí que el PP considere necesario garantizar la seguridad jurídica del plan, para después no perder más tiempo con demandas.