Piedras Blancas,
Inés MONTES
El PP reclama a la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), que explique «las sentencias y procesos judiciales que han sido o pueden ser gravemente dañinos para las arcas municipales». El portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, realizó la petición tras la última sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a «readmitir inmediatamente» a una trabajadora municipal.
«La nueva sentencia obliga al Ayuntamiento a readmitir a una trabajadora despedida por el gobierno municipal que preside Ángela Vallina (IU), pero la misma empleada ya ha ganado varios pleitos, algunos más graves que este», indicó Quiñones. El portavoz del PP explicó que otra sentencia de un juzgado de lo Social condenó hace dos meses al Ayuntamiento a pagar más de 4.600 euros a Lorena Blanco «por vulneración de su dignidad al tener que readmitirla en su momento el Ayuntamiento por otra sentencia judicial y optar el gobierno de IU por no darle carga de trabajo, ni lugar y medios para desempeñarlo».
Asimismo, Quiñones manifestó que a la trabajadora se le tuvo que indemnizar por un despido anterior con más de 3.000 euros «porque el gobierno local se negó a cumplir durante meses la sentencia de readmitirla en su puesto de trabajo porque alegaba que así se demostraba que no se necesitaba esa plaza».
La sentencia judicial del pasado día 21, emitida por el juzgado de lo Social número 1 de Avilés y que obliga al Ayuntamiento a la «readmisión inmediata» de Lorena Blanco al considerar que su despido en octubre pasado «es contrario a su derecho fundamental de tutela judicial», es para Quiñones «otro litigio debido a despropósitos y decisiones sectarias de Vallina que tienen graves repercusiones para la economía del Ayuntamiento y lo que es peor nos llevan al descrédito político y judicial».
El portavoz del PP criticó también la implantación de una oficina de normalización lingüística para Castrillón e Illas con sede en Piedras Blancas. «La alcaldesa e IU mejor se ocupaban de intentar resolver o colaborar a resolver los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos como el empleo o la calidad de los servicios», dijo. Quiñones aseguró que «la normalización lingüística preocupa a muy pocos ciudadanos en estos momentos de crisis».
