Saúl FERNÁNDEZ
Una sentencia ha vuelto a poner en duda el diseño de la política de Personal en el Ayuntamiento de Avilés. En esta ocasión, está en tela de juicio la libre designación de 15 jefes y coordinadores de área. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) descalifica estos nombramientos por haber sido llevados a cabo «sin justificación ninguna y para puestos que no son de especial responsabilidad o confianza». Constantino Álvarez, el portavoz del PP, se preguntó ayer: «¿Qué miedo tiene el gobierno de elegir a los mejores? ¿Prefieren los nombramientos a dedo y, en algunos casos, con el carné del partido (PSOE) en la mano?», se indignó. «Los múltiples errores llevados a cabo en el área de Personal nos están costando mucho dinero. Esto es una malversación de caudales públicos manifiesta; hemos llegado a pagar un sueldo a trabajadores para que se queden en casa», añadió.
Tras los nombramientos anulados por la sentencia del pasado 24 de julio queda una duda: ¿Los actos administrativos en los que participaron las 15 personas afectadas son válidos o tienen que ser revisados? El gobierno municipal no ha contestado a las preguntas de este periódico, pero según el sindictato USIPA esta revisión «parece más que evidente»; de hecho, la coalición de sindicatos independientes va a solicitar la ejecución de la sentencia y, asimismo, la revisión de los expedientes en los que estuvieran involucrados alguno de los mandos cuya competencia ha sido anulada.
El PP no lo tiene tan claro, por eso, ante esta divergencia de opiniones, el grupo conservador ha decido solicitar a la Secretaria municipal «la elaboración de un informe que solvente esta situación porque si finalmente se anulan, el Ayuntamiento quedaría patas arriba», aseguró el portavoz del PP.
El portavoz de Foro, Pablo Sánchez Lorda, advirtió: «Mientras la política de Personal la sigan diseñando los jueces, el gobierno no va a tener nuestro apoyo. Llueve sobre mojado. Nosotros estamos en contra de este tipo de nombramientos discrecionales», añadió el concejal forista. «No parecen razonables los nombramientos de personal sin la debida prueba de mérito y capacidad», recalcó Lorda.
La anulación de los 15 puestos de responsabilidad se debe, según queda de manifiesto en la sentencia dictada el pasado julio y desvelada ayer por este diario, a un exceso del gobierno municipal al convertir en cargos de confianza responsabilidades que no precisan de la confianza reclamada. USIPA ya había reclamado que los puestos ahora en solfa salieran de un concurso interno entre la plantilla municipal. En este punto la USIPA cuenta con el apoyo tanto del PP como de Foro.
Constantino Álvarez relacionó la sentencia del 24 de julio con la que sacó adelante el sindicato CSIF (la «funcionarización» de 24 puestos de trabajo, hasta ahora desarrollados por personal laboral). «No sólo se cuestiona la política de Personal, también la labor llevada a cabo por el director general del Ayuntamiento», apuntó Álvarez «Chapuza es una palabra que se queda corta ante todo lo que estamos viendo en los últimos años», agregó el concejal conservador.
Alejandro Cueli, el portavoz de Izquierda Unida (IU), aseguró: «La política de Personal no cuenta con el beneplácito ni de los agentes sociales ni tampoco del grupo al que represento. Judicializar la gestión de los recursos humanos nos está costando un dineral intolerable y, además, provoca un malestar laboral que se agrava cada vez más».
La judicialización de la gestión de los recursos humanos tuvo su episodio más grave cuando el Principado aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) para más de un centenar de ex beneficiarios de los planes de empleo.
