Los nombramientos de Santiago Rodríguez Vega como presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y de Joaquín Aréstegui como delegado en Asturias de la sociedad estatal Sepides fueron ilegales e improcedentes. Así lo considera la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), que ha recurrido las designaciones del Principado de Asturias y del gobierno estatal, respectivamente. La denuncia se ha elevado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (en el caso de Rodríguez Vega) y a la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC), dependiente de la Consejería de Empleo, en el caso de Aréstegui.
«En ambos casos, lo que mueve a este sindicato no es ninguna cuestión personal -tienen todo nuestro respeto-, sino que es a los partidos políticos a los que nos dirigimos para afearles su conducta de colocar a los suyos, cuando hay casi cinco millones de parados en España y no están haciendo nada para remediar su situación dramática», afirma Manuel Gómez Mendoza, responsable de USIPA en el Ayuntamiento de Avilés.
En el caso de Santiago Rodríguez Vega, el Principado lo eligió como nuevo responsable de la Autoridad Portuaria por ser una persona de «reconocida competencia profesional e idoneidad», en cumplimiento con la Ley de Puertos del Estado. Ambos aspectos los pone en duda USIPA. «Que se sepa, Rodríguez Vega sólo ha trabajado en la Caja de Ahorros de Asturias y de Alcalde de Avilés, por lo que a priori pocas competencias tiene para el cargo. En la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia se deberán acreditar y probar tales competencias, que desde esta parte dudamos que las tenga, pero para eso está la justicia y los tribunales», avisa Gómez Mendoza.
Respecto a la idoneidad, «por ser un dato subjetivo», los responsables sindicales están a la espera de ver el expediente para constatar qué méritos ha tenido en cuenta el Principado para su nombramiento. «No se debe olvidar que deben ser méritos profesionales relacionados con el puesto de trabajo para el que se le nombra, y por lo que se sabe, es fácil que no se puedan acreditar», comenta el representante de USIPA en el Ayuntamiento de Avilés.
Sobre la designación de Joaquín Aréstegui, USIPA presentó ante la UMAC una papeleta de conciliación en la que solicita su anulación y la convocatoria de un concurso abierto «a todos los españoles». Y es que según el sindicato, la ley que rige la Sepes, sociedad matriz de la Sepides, establece que el personal de la entidad «estará sometido al régimen laboral y se seleccionará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad». «Ese hecho no se ha producido al nombrarlo a dedo, sin alegar mérito profesional alguno. El anterior delegado -por Carlos García Robles- ya ha ido al Juzgado de lo Social para denunciar un despido improcedente y lo va a ganar», afirma Gómez Mendoza.
«A Joaquín Aréstegui le quitaron de diputado regional y ahora le dan un destino glorioso; nos enteraremos del sueldo que tiene el puesto, pero seguro que es importante, muy superior a los mil euros», critica el sindicalista. «Insistimos que queremos denunciar así la cara dura de los políticos, que con ellos no va la crisis y nos culpan de todo a los funcionarios cuando es mentira. Por recurrimos el nombramiento de estos dos políticos profesionales de Avilés, para que se vayan al paro, o a su trabajo. Que la política no es un chollo, o no debía serlo», añade el representante del sindicato, que seguirá adelante con su inédita denuncia.
