Luanco,

Illán GARCÍA

«Si impera el sentido común no se llegará a la disolución de la mancomunidad», afirmó ayer el alcalde, Ramón Artime, para cerrar el principal punto del orden del día del Pleno: la separación del Ayuntamiento de Gozón de la Mancomunidad del Cabo Peñas. Eso sí, con una moratoria de un mes para poder llegar a un acuerdo con Carreño y reorganizar el órgano comarcal. Según Artime, ese pacto será posible ya que la idea de «mancomunidad asimétrica», es decir, que cada concejo aporte por los servicios que desee «es una propuesta de Carreño». Los dos principales grupos de la oposición, el PSOE e IU, no se lo creen y afirman que todo responde a una estrategia del Alcalde «para dar por finiquitada la mancomunidad y dejar al pie de los caballos a los trabajadores del ente».

Un grupo de empleados del órgano comarcal se personó en el Pleno y, tras la sesión, alguno de estos trabajadores manifestó que el acuerdo alcanzado ayer en Gozón hace peligrar sus puestos de trabajo.

De acuerdo con esta teoría, el portavoz socialista, Jorge Suárez, opinó que la posible disolución de la mancomunidad conllevará la eliminación de empleos. «No entiendo el motivo por el que lo defienden con tanto enfasis», indicó Suárez, dirigiéndose a la bancada de populares y foristas. «Que quede claro que para analizar que un servicio sea rentable, no sólo hay que quedarse con los términos económ icos», añadió el portavoz socialista.

Por su parte, Carlos Badallo, de Foro, afirmó que su papel como concejal era defender al Ayuntamiento de Gozón y no a Carreño. «Carreño no quiere llegar a ningún acuerdo y la medida que aprobamos hoy -por ayer- implicará también mantener los puestos de trabajo», dijo el edil forista. Para IU, la intención de los dos partidos de derechas de disolver la mancomunidad es un «chantaje político a Carreño y un embuste más hacia los vecinos de Gozón».

Una de las razones por las que los foristas y gozoniegos defienden que ha de reestructurarse la mancomunidad, siempre y cuando eso sea aceptado por Carreño, es la «necesidad de ajustar el recorte de 180.000 euros previsto en el plan de ajuste». Para Pilar Suárez, de IU, eso es una excusa ya que el Ayuntamiento, a su juicio, dispone de dinero para seguir aportando la misma cantidad a la mancomunidad y seguir manteniendo los servicios y los puestos de trabajo.