El ministro de Industria, José Manuel Soria, se encuentra inmerso en el laberinto eléctrico. Se trata del callejón sin salida que le ha ocasionado el sistema de subasta a la baja para adjudicar a la gran industria las compensaciones por el denominado derecho de interrumpibilidad, un dinero que el Estado paga a las grandes empresas consumidoras de electricidad por el derecho a cortarles el suministro en caso de necesidad.
Hasta este año, la interrumpibilidad se compensaba según la fórmula que fijaba el Ministerio de Industria, concediendo a cada empresa una cantidad de dinero predeterminada, sujeta a negociación, pero que resultaba predecible. Las empresas estimaban cada año la compensación que recibirían, lo que les permitía hacer previsiones de costes, presupuestos e inversiones. Ahora, en teoría, ni el Gobierno ni las empresas ni Red Eléctrica Española pueden dar ninguna garantía sobre el dinero que recibirá cada empresa, al tratarse de una subasta abierta y no sujeta a intervención. Este sistema convierte cada año en una incógnita. Además, se trata de una fórmula similar a la de las lonjas de pescado: se lleva el lote el que más resiste. Cada paquete eléctrico sale a subasta por un precio que va descendiendo y las empresas hacen sus ofertas sin conocer las de los demás. El que aguanta hasta el valor más bajo, se lo lleva.
Es ahí donde surge la paradoja del caso de Alcoa: en el propio sistema de reparto inaugurado este ejercicio. La multinacional se ha quedado sin compensación eléctrica para sus plantas de Avilés y La Coruña y el Ministerio no puede intervenir más allá de diseñar una segunda subasta en la que se ofrezcan los paquetes energéticos que necesita la aluminera, pero sin ninguna garantía de que los obtenga.
Las críticas al sistema de subasta ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy surgieron a la par que su nacimiento. Con este método, Industria pretendía rebajar las ayudas a las empresas para así compensar otros problemas que arrastra el sistema eléctrico español, como el denominado déficit de tarifa, que alcanzó a finales del pasado año los 30.000 millones de euros. Pero las grandes empresas consumidoras de electricidad ya avisaron de que la subasta podía ser un arma de doble filo, al dejar a empresas sin compensaciones y establecer unos resultados impredecibles.
Apoyándose en la defensa de un proceso limpio, el Gobierno redujo los paquetes de 90 megavatios que saldrían a pugna y abrió más el abanico de los de 5 megavatios, que podría interesar a muchas empresas de gran consumo pero de menores necesidades energéticas. Ya en el diseño de la fórmula de reparto, la Comisión Nacional de la Energía advirtió que el paquete de 90 megavatios, que es el que interesa a las grandes industrias como Alcoa, Azsa o Arcelor, chocaba con el espíritu de subasta, ya que pocas empresas podrían pujar por él. De ahí que en la primera subasta se ofertaran menos paquetes de 90 megavatios que necesidades de la gran industria. La alternativa era que las empresas pujasen también por los paquetes más pequeños, los de 5 megavatios, pero en ese mar pescaron también otras empresas pequeñas con costes menos ajustados o que estaban dispuestas a llevarse algo de dinero, aunque fuese mínimo.
¿Por qué Alcoa se quedó sin sus compensaciones, acaso no "peleó" lo suficiente para conseguirlo? Eso es lo que parece decir el ministro de Industria en su defensa del sistema de subasta, pero la empresa rechaza el argumento. Alcoa sostiene que una vez que las compensaciones por cada paquete estuvieron por debajo de la cantidad necesaria para hacer sus plantas competitivas, simplemente desistió.
Los problemas del método elegido por Industria quedan en evidencia al comprobar que 200 millones en compensaciones por interrumpibilidad quedaron sin asignar. Desde el punto de vista del Gobierno se trata de un dinero que no tendrá que desembolsar la administración, pero para las empresas demuestra que algo falla: las compensaciones son necesarias para que muchas plantas sean competitivas por el elevado gasto en electricidad que realizan, en un país con precios elevados y que hacen a las empresas partir en desventaja en el mercado global. Así las cosas, Arcelor y Azsa lograron sus paquetes de interrumpibilidad, pero por menos dinero que otros años. Pero Alcoa se quedó sin ningún tipo de ayuda. Quizás su estrategia a la hora de afrontar la subasta pudo haber sido otra, pero la realidad es que sin compensaciones, Alcoa ya ha anunciado que cerrará sus fábricas en Avilés y La Coruña.
El Ministerio de Industria ya está preparando una segunda subasta y le ha pedido a Alcoa que acuda a ella y que puje. El único margen que tiene el Gobierno para tratar de hacer más fácil que la aluminera logre sus objetivos es ofrecerle al menos un paquete de 90 megavatios al que la concurrencia de ofertas sería mucho menor, lo que daría más posibilidades a Alcoa de obtenerlo. Pero en ningún caso Industria puede garantizar una ayuda si la empresa no se lleva los paquetes en la subasta. En otras ocasiones podría existir negociación, ahora es imposible. De otro modo, el Gobierno estaría favoreciendo de manera clara a Alcoa frente a las otras empresas que pugnaron y perdieron ingresos.
Ese es el laberinto en el que se encuentra inmerso Soria, rehén del propio sistema elegido: un método que ha revelado problemas que ponen en duda su utilidad: principalmente, que deja a las empresas con las espaldas abiertas cada año a la hora de hacer sus previsiones de ingresos y gastos o establecer inversiones en aquellas plantas que puedan ofrecer garantías de estabilidad futura. La subasta eléctrica sitúa al sector de la gran industria al borde del calambre cada año.
