El PSOE registró ayer una moción en el Senado en la que pide al Gobierno de Mariano Rajoy que la segunda subasta del servicio de interrumpibilidad -el que retribuye a la industria por estar dispuesta a desconectarse de la red si es necesario- se diseñe para que Alcoa logre los lotes de bonificaciones eléctricas que, según advirtió la multinacional del aluminio el pasado día 1, necesita para no verse obligada a cerrar sus fábricas de Avilés y La Coruña, en las que trabajan más de 800 personas. El texto de la moción incluye una petición expresa al Gobierno para que traslade a Red Eléctrica Española (REE), que es quien organiza la puja, "la necesidad de que la segunda subasta de interrumpibilidad se diseñe de tal manera que permita a la empresa Alcoa poder obtener los lotes energéticos (...) necesarios (para su viabilidad)".
Esta nueva vuelta de tuerca que ha decidido dar el PSOE a la crisis de Alcoa eleva la presión política y social que pesa sobre el Ministro de Industria, José Manuel Soria, de quien se espera desde hace días un gesto que evite el cierre de instalaciones de la compañía. Pero, en su afán de apretar los tornillos, el PSOE cruza también la línea roja que delimita el área de maniobras del Gobierno, vigilado de cerca por la Comisión Europea de la Competencia para evitar la concesión de ayudas ilegales a las industrias y atado de manos por las condiciones en las que se celebró la primera subasta de derechos de interrumpibilidad y a la que concurrieron libremente empresas que pujaron en determinadas condiciones y que ahora podrían ver con desagrado que se convoque otra puja a la medida de Alcoa, la gran perdedora de la primera ronda de reparto de retribuciones.
El Ministro Soria no pudo cumplir ayer con sus compromisos parlamentarios por una indisposición -"sospechosa por lo inoportuna de la misma", según el punto de vista del presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, Daniel Cuartas (UGT)- pero ya la semana pasada dejó dicha una frase que ahora cobra pleno sentido: "Supongo que nadie estará planteando al Gobierno que establezca unas condiciones singulares y particulares en una subasta para un determinado número de empresas en relación a otras". Pues sí, eso es precisamente lo que ayer propuso el PSOE.
El servicio de interrumpibilidad es una herramienta de la operación del sistema eléctrico por el que se retribuye a determinados grandes consumidores por estar dispuestos a desconectarse de la red si existe una sobrecarga o falta generación. En la reforma energética aprobada el pasado año, el Gobierno estableció que este servicio, dotado con unos 500 millones de euros anuales, se asignara mediante un mecanismo de subasta, con el objetivo de lograr que resultara lo más barato posible para el sistema eléctrico y, por lo tanto, para el consumidor.
200 millones en juego
La subasta, celebrada a finales de noviembre, asignó todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas. Estos bloques, que suponen un importe de unos 200 millones de euros, se asignarán en una nueva subasta que, según explicó el pasado martes José Manuel Soria, también seguirá criterios competitivos.
Es en el marco de esa segunda subasta donde el PSOE pide un diseño que permita a Alcoa obtener los lotes que necesita, después de que la empresa fabricante de aluminio haya justificado por sus menores ingresos por interrumpibilidad la presentación de un ERE de extinción para la totalidad de las plantillas de sus fábricas en Avilés y La Coruña.
"Se trata de mantener lotes similares al año anterior -cuando no existía un procedimiento competitivo-, permitiendo así la viabilidad de estas fábricas, con total cumplimiento de la normativa aplicable, tanto desde el punto de vista regulatorio como de competencia", argumenta el PSOE. El PSOE también pide "fórmulas que permitan una estabilidad en el coste de la energía de las empresas consideradas como grandes consumidores", así como tomar medidas para facilitar la competitividad futura del sector industrial.
El senador socialista por La Coruña Javier Losada calificó la situación "de emergencia", ya que afecta, además de al empleo, a la "pérdida industrial" porque "cuando una empresa de estas características cierra ya no se vuelve a poner en marcha". Por su parte, el senador asturiano Vicente Álvarez Areces advirtió de "un riesgo de deslocalización que podría ser inminente".
Y mientras, Alcoa se mantiene a la expectativa, el Ministerio de Industria calla y en Red Eléctrica aseguran que no hay ninguna novedad con respecto a la segunda subasta eléctrica que anunció el Ministro Soria, que no se ha publicado ninguna resolución al respecto y que se ignoran los requerimientos y condiciones de la puja extraordinaria, en caso de que finalmente se celebre.
