Andrea Lago, la niña de 12 años con una enfermedad rara e irreversible para la que se solicitó una muerte digna y que estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario de Santiago (CHUS), falleció esta semana. Ahora, en Avilés, se sentarán en el banquillo de los acusados tres personas por un delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa. Dos de los acusados estaban relacionados con los colectivos Derecho a Morir Dignamente y "Encasa Cuidados Paliativos" con sede en Madrid y el tercer imputado pedía, según el escrito de fiscalía, una muerte digna para su hermano, enfermo terminal. Cada vez son más voces las que reclaman una "muerte dina" en el país.

Derecho a Morir Dignamente es una asociación sin ánimo de lucro, registrada en el Ministerio del Interior con los siguientes fines, según recoge su web: "Promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso". Su lema: "Porque todos moriremos, a todos nos concierne la muerte y es necesario implicarse en este proyecto: la conquista del proceso de morir en el siglo XXI".

Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están penados en España pese a que son muchas las voces que defienden que habría que modificar el Código Penal para que estas prácticas sean permitidas en algunos supuestos.