Una familia ha denunciado que el Ayuntamiento de Castrillón quiere cerrar una explotación ganadera que funciona desde hace más de 30 años en La Braña tras haberse negado a un cambio de titularidad en diez años, según la afectada. "Voy a agotar todas las posibilidades legales y, si es necesario, acudiré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque si hay algún problema con la explotación, es del Ayuntamiento, que me dio todas las licencias", señala la afectada V. G. A.
La granja de conejos ubicada en La Braña estuvo desde 1978 a nombre de los suegros de V. G. A. que, en 2005, pidió el cambio de titularidad. "El Ayuntamiento me contestó el 1 de enero de 2014 denegándome el cambio de titularidad porque decían que estaba ilegal. Si cometí alguna irregularidad fue culpa del Ayuntamiento", explica. Los problemas para la familia se acumularon en los últimos años. "En 2013, un vecino denunció la granja y en ese momento se precipitaron los problemas. El gobierno local abrió un expediente después de tener casi 10 años en un cajón el cambio de titularidad", afirma la afectada.
Denuncias
V. G. A., confía en que el juez le admita a trámite la apelación contra una sentencia del pasado día 12 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo que desestimó el recurso de V. G. A. contra la Resolución municipal que ordena el cierre de la granja de conejos. "La sentencia hace referencia a un problema administrativo no a otros incumplimientos", indica.
"En estos meses, he tenido más denuncias y como consecuencia de las mismas el Servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realizó una inspección y otra que llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente y que fue sobreseida", afirma la mujer. "Toda mi familia está viviendo en verdadero tormento, además de las denuncias nos sacan fotos sin permiso cuando se trata de una propiedad privada, incluso nos denunciaron a la Magistratura de Trabajo. Estamos sufriendo una verdadera cruz por los errores del Ayuntamiento", manifiesta.
V. G. A. se queja de su situación médica y también económica. "Hemos hipotecado nuestra vivienda para hacer frente a los gastos judiciales de tantas denuncias y para mantener la granja de conejos en la que cumplimos todas las exigencias del principado para una explotación de ese tipo. Tenemos todos los seguros que se exigen. Pedimos justicia y vamos a luchar con todas nuestras posibilidades", concluye.
