Piedras Blancas,
Inés MONTES
La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) ha ganado en los juzgados de lo Social de Avilés cuatro sentencias favorables a otros tantos trabajadores municipales: una auxiliar administrativo, una administrativo y dos trabajadores sociales. "Los fallos judiciales sostienen que los contratos temporales de los cuatro recurrentes son en fraude de ley, y reconocen que la relación laboral tiene carácter indefinido", señaló el abogado de USIPA, Manuel Mendoza.
"Lamentamos mucho que los ayuntamiento de Asturias, no sólo el de Castrillón, tengan al personal de Servicios Sociales con un contrato de obra o servicio, cuando este tipo de prestaciones a la comunidad son muy demandadas, de carácter permanente y muy necesarias para la integración y asistencia social de los más desfavorecidos", manifiesta el letrado. "La labor que ejercen los Servicios Sociales de los ayuntamientos ofrece una ayuda inestimable a la comunidad y, por eso, desde USIPA se reivindica su consolidación y consideración de las administraciones públicas a su trabajo, reconociendo sus derechos de forma pacífica y no teniendo que ir a los Juzgados a solicitar el reconocimiento de sus legítimos derechos", concluye Mendoza.
USIPA, por otra parte, replica a la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), que todos los procedimientos judiciales entablados desde la constitución de esa sección sindical han sido ganados por el sindicato, con la consiguiente condena en costas para el Ayuntamiento, que "tienen que pagar todos los castrillonenses con sus impuestos".
Asimismo, en relación al comunicado emitido por los sindicatos UGT, USO, CCOO Y SIPLA que votaron a favor de no incrementar a los trabajadores municipales el 1% previsto en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2016, el sindicato USIPA-SAIF sostiene que "en lugar de posicionarse sistemáticamente a favor del equipo de gobierno y atacar a este sindicato deberían preguntar a sus votantes si están dispuestos a donar parte del incremento salarial que por ley les corresponde a los perceptores del factor L, declarado ilegal por el Tribunal Supremo".
"En USIPA, confiamos en que la Alcaldesa extienda la especial sensibilidad que demuestra hacia los afectados por el factor "L" al resto de empleados municipales", señala un portavoz del sindicato, tras anunciar que sus abogados están preparando las correspondientes acciones judiciales contra el gobierno castrillonense.
