El Sindicato Independiente de la Policía Local de Avilés (SIPLA) acusó ayer al gobierno municipal de pretender "criminalizar" a los cuatro agentes del servicio de la Policía Local que aún no han sido juzgados y, por lo tanto, "todavía no han sido declarados culpables" como presuntos autores del delito de torturas que les imputa la Fiscalía por haber actuado presuntamente de manera ilícita contra un hombre que también supuestamente habría ofrecido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con hijo de uno de esos policías.
Según el SIPLA, el abogado del Consistorio avilesino defendió en la vista oral, celebrada el jueves en Oviedo, el mantenimiento del expediente abierto contra los cuatros trabajadores "para salvaguardar la buena imagen del Ayuntamiento". Es decir, "que el gobierno considera que sus empleados son criminales y no tiene más pruebas de ello que el hecho de que se les hayan abierto una investigación". "Resulta que uno de los Ayuntamientos con mejor imagen de España -quizás lavada con agua de Aquagest o tan brillante como la cúpula del Niemeyer-, celoso de su imagen, salvaguardada desde siempre, ha encontrado una piedra en el camino, una actuación de unos trabajadores que les vino de perlas para hacer campaña electoral", aseguraron los portavoces del sindicato mayoritario en la junta de personal del Ayuntamiento.
La indignación del SIPLA ante la línea de defensa llevada a cabo por el abogado contratado por el Ayuntamiento se agravó cuando el letrado le dijo al juez que el equipo de gobierno avilesino había tomado la medida -reducir el sueldo a más de la mitad a cuatro trabajadores con cargas familiares- de manera "cautelar", no punitiva. "Tal afirmación la acompañó de la de que, si al final salían absueltos, se les abonaría el dinero dejado de percibir", dice el sindicato.
El expediente contra los cuatro policías avilesinos fue abierto por la exalcaldesa de Avilés, Pilar Varela, después de conocer por la prensa una acción llevada a cabo por los propios agentes un año antes y "en plena campaña electoral". Estos agentes reclamaron el jueves en Oviedo por la vía contencioso-administrativa que les fuera revocado tal expediente. Los policías consideran que el Ayuntamiento "había incurrido en desviación de poder por no haber aplicado la legislación vigente".
Por otra parte, el SIPLA acusa a la USIPA de pretender quitar el derecho de voto a los cuatro policías investigados.
