El derribo de un chalé en Salinas tras varias sentencias que rechazaron las licencias municipales dadas para su ampliación se aceleró la semana pasada, cuando los operarios municipales eliminaron el vado de la vivienda, ubicada en la calle Bernardo Álvarez Galán. Los propietarios sostienen que el Ayuntamiento ejecutó las obras sin previo aviso. El Ayuntamiento tiene de plazo hasta el próximo 21 de marzo para presentar al juez un proyecto técnico del derribo de la ampliación de la casa que los fallos judiciales consideran ilegal.
El chalé afectado es propiedad de la familia de Pepe Rivero, exportero del Sporting de Gijón. Los fallos judiciales se basan en un artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que concede un plazo de ocho años, desde la aprobación del documento en 2001, para ampliar las viviendas siempre y cuando el aprovechamiento del suelo lo permita. La norma está pendiente de modificación.
Los dueños de la casa, en el caso de que se derriben las zonas ampliadas y afectadas por los fallos judiciales, podrían reclamar al Ayuntamiento entre uno y dos millones de euros por responsabilidad patrimonial y por los daños morales y físicos que sufren debido a la insólita situación.
Los propietarios solicitaron licencia municipal para ampliar la vivienda en el Ayuntamiento de Castrillón. La junta de gobierno local, entonces formada por el gobierno de coalición IU-PSOE, otorgó la primera licencia en octubre de 2010. Ya IU gobernando en solitario concedió en diciembre de 2011 otra licencia a los propietarios por un modificado del proyecto de obra.
La concesión de las licencias para la ampliación de viviendas en el concejo, incluso transcurridos los ocho años incluidos en el reglamento del Plan urbano, fueron varias, pero en el caso de la familia de Pepe Rivero, las obras fueron denunciadas por unos vecinos. La coletilla del Plan Urbano restringe a ocho años la ampliación de las viviendas desde la aprobación del documento. Además de Castrillón la tienen otros concejos como Oviedo Gijón y Avilés. Aunque los fallos judiciales se refieren al derribo de la ampliación, en la práctica afectará a todo el chalé porque sería imposible tirar sólo una zona del inmueble, según los dueños.
El PP ha reclamado al gobierno de IU que haga ver al juez que la sentencia no puede ejecutarse por razones técnicas. "Lo más llamativo es que los propietarios, con las parcelas que tienen, podrían construir un chalé más grande que el actual. Además, hay que tener en cuenta el dinero que puede costar al concejo la indemnización por responsabilidad patrimonial", opina el edil del PP, Pablo González-Nuevo Quiñones.
