Los vigilantes de seguridad del Hospital San Agustín, que volverán a trabajar el próximo 14 de marzo, denunciarán judicialmente la no subrogación de dos compañeros planteada por la empresa Prosetecnisa. Los trabajadores retirarán el campamento que instalaron hace más de los meses a la entrada del recinto sanitario y niegan que el conflicto haya finalizado.

La empresa adjudicataria, la misma que fue adjudicataria y renunció a ello el pasado mes de diciembre, les ha informado que subrogará a 12 trabajadores, pero en el caso de uno de ellos la jornada se reducirá un 70%. Otro no será subrogado.

"No vamos a consentir que nadie se quede fuera. Fuimos 13 en la acampada y seremos 13 volviendo a trabajar", ha dicho el representante de los vigilantes, José Iglesias, en una rueda de prensa celebrada este jueves. "Queremos trabajar y empezar a cobrar", ha declarado.

Desde CCOO entienden que Prosetecnisa incumple lo comprometido por el consejero de Presidencia. "Pedimos el mantenimiento de los derechos de los 13 trabajadores", ha dicho Jeremías Dos Santos, secretario de Construcción y Servicios de CCOO de Asturias.

"Si al principio de la subrogación nos encontramos esto se ve que vienen a cargarse la plantilla", ha indicado Dos Santos, quien también ha tenido criticas para el consejero de Presidencia. "O está ciego o tiene otras pretensiones, ya le dijimos que no confiamos en que el conflicto se cerrara con esta adjudicación", ha dicho.

Las dudas de CCOO se derivan del hecho de que en diciembre la adjudicación se hizo a 16,7 euros la hora por trabajador, y ahora a 16,27 euros, cuando otras empresas veían que no era beneficioso. "Es muy extraño. Cada vez tenemos más desconfianza y preocupación", ha dicho.

En la misma línea ha hablado José María Guzmán Pacios, secretario de CCOO de Avilés. "La consejería está ajustando al céntimo el precio y le está saliendo más caro porque el San Agustín ha tenido que hacer un refuerzo de celadores continuamente".

Guzmán Pacios también ha cargado contra el gerente de Prosetecnisa, a quien ha acusado de "amenazar con continuar el conflicto laboral", y ha presentado una sentencia en que se reconoce que la empresa vulneró el derecho de huelga y libertad sindical.