El titular del Juzgado de lo Social número 2 relaciona la muerte de un avilesino en 2014 con su exposición al amianto y condena a cinco empresas a indemnizar con 116.000 euros a la familia del fallecido, que trabajó para compañías auxiliares de la siderurgia. La sentencia, hecha pública ayer por CC OO (sindicato que más demandas ha presentado por muertes relacionadas con el amianto), no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El trabajador, M. S. H., que según fuentes sindicales trabajó la mayor parte de su vida laboral para la extinta Ensidesa, murió como consecuencia de un mesotelioma pleural, enfermedad típica de las actividades con manipulación de amianto. El amianto o asbesto es un material compuesto de fibras minerales incombustibles y que se pueden separar en filamentos. Ha tenido más de 3.600 aplicaciones y se prohibió en España en 2002. Está presente, por ejemplo, en tejados, uralita, tuberías, calefacciones, calderas, trenes, centrales térmicas y nucleares, y un largo etcétera. Los sectores más afectados por el amianto en Asturias son los de la construcción, industria naval, sector siderometalúrgico y ferroviario y los talleres de reparación de coches.

La sentencia hecha pública ayer por CC OO señala que "las empresas" para las que trabajó M. S. H. "tenían obligación, como mínimo desde 1947, de adoptar precauciones en orden a preservar la salud de los trabajadores", y pese a ello no lo hicieron o resultaron insuficientes. "En consecuencia, se condena a las empresas Reymosa, Imasa, Jünger Grete y Montajes Térmicos y Refractarios Alfran a indemnizar con 116.000 euros a la familia", comunicó el sindicato.

"La sentencia reconoce como causa de la enfermedad el contacto con el asbesto. Sus efectos en la salud tienen un periodo de latencia de entre 25 y 40 años. Es importante hacer emerger las enfermedades profesionales que se encubren de manera casi sistemática como enfermedad común", explicó José Antonio Iglesias, secretario de Salud Laboral de CC OO.

El TSJA, además, ha elevado de 183.000 a 375.000 euros la indemnización que tendrá que pagar Arcelor a la familia de P. A. M., trabajador de 32 años que falleció en 2012 a causa de una leucemia aguda provocada por la exposición al benceno en las baterías de coque de Avilés.