Luis Belarmino Moro, exalcalde de Corvera y fundador del partido Unión Social y Progresista de Corvera (USPC), declaró ayer ante el juez que no fue él quien firmó la resolución de la adjudicación de un contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Corvera y un bufete de abogados ovetense en el mes de abril de 2009 y cuya legalidad investiga ahora la Justicia. Aseguró, asimismo, que la propuesta "partió de la concejala delegada de Régimen Interior de entonces, Elisa Fáez". Fáez fue elegida edil en 2007 y se cayó de la lista en la siguiente convocatoria electoral, la de 2011.

Moro, su exconcejala de Hacienda, Ana Belén Toro, y el secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, declararon ayer en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Avilés, que continúa una investigación iniciada en los juzgados de Oviedo tras observarse allí que el contrato firmado por el Ayuntamiento de Corvera con el bufete ovetense incluía un añadido económico que superaba el precio de la concesión, que fue de 17.980 euros, 20 menos del límite fijado por ley para que este asunto hubiese sido contratado por un procedimiento abierto y público y no de manera directa, como sucedió.

A este respecto, Luis Belarmino Moro admitió que "no se tenían que haber incluido las minutas derivadas de la asistencia procesal porque no era un contrato de asistencia jurídica". Se da la circunstancia, sin embargo, de que en octubre de 2009 -con el contrato de asesoramiento vigente- el bufete Queipo y Riego registró en el Consistorio de Corvera una factura (por importe de 11.600 euros) por haber redactado una querella contra los responsables de las obras de construcción del centro comercial Parque Astur.

La exconcejala Ana Belén Toro, por su parte, aseguró que el contrato con el bufete ovetense era "exclusivamente" de asesoramiento externo. Subrayó también que el Ayuntamiento de Corvera no contrataba "nunca" defensa jurídica "a través del servicio jurídico". El bufete Queipo y Riego fue contratado por el Ayuntamiento de Corvera mediante una resolución de alcaldía el 11 de enero de 2010 (con el contrato de asesoramiento vigente) para llevar un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El secretario Ramón Menéndez Chaves, por su lado, declaró que en la contratación de Queipo y Riego "hubo un error inicial al fijarse en 18.000 euros y tuvo que ser rebajado a 17.980". Aseguró también "que no dio el visto bueno a ese contrato". Adujo que por el importe "no era preceptivo el informe de la secretaría" y también porque en agosto de 2008 el gobierno de Moro le retiró "las competencias complementarias a las de secretario municipal entre las que se encontraba la responsabilidad de los departamentos de contratación y servicio jurídico".