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Somos acusa al PSOE de haber mentido en relación al derribo del cine Patagonia

Somos Avilés presentará ante el Pleno una moción pidiendo explicaciones: "La actuación política fue negligente, arbitraria e ilegal, acusa la formación morada

13.05.2016 | 13:47
El cine Patagonia, a medias de derribar

La Fiscalía ve indicios de delito en el derribo del cine Patagonia de La Carriona (Avilés), que será por tanto investigado, y en las diligencias señala que tanto la secretaría como el servicio técnico municipal estaban incluidos en la lista de destinatarios a los que el registro municipal envió el documento de Consejería que advertía del valor patrimonial del inmueble antes de concederse la licencia de derribo. Por todo esto,
Somos Avilés (la marca blanca de Podemos en la ciudad) presentará ante el Pleno una moción pidiendo la comparecencia
del concejal responsable, al que acusa de haber mentido en sus explicaciones.
"Si a lo sucedido, el derribo de un elemento protegido en ese momento con el máximo grado de protección, le añadimos que tras las diligencias del fiscal queda acreditado que el gobierno municipal mintió en sus explicaciones o no se enteró, cuestión que empieza a ser difícil de creer, nos encontramos con un panorama desolador y con la sospecha de estar ante una actuación negligente o una actuación arbitraria e ilegal para favorecer al propietario facilitándole el derribo del cine", manifestó el portavoz del grupo municipal de Somos, David Salcines.
Tras las denuncias presentadas en su día por la Consejería de Cultura, el SEPRONA y Somos Avilés en relación con el derribo del Cine Patagonia, la fiscalía inició diligencias de investigación, concluyendo dichas diligencias con un Decreto firmado con fecha 19 de abril de 2016. Durante esas diligencias se llamó a declarar en calidad de investigados a cuatro funcionarios municipales y al propietario del cine, y en calidad de testigo a otra funcionaria y al arquitecto que firmaba el Proyecto, presentado por los propietarios para obtener la licencia de derribo. El fiscal mantiene en sus fundamentos que de la documentación remitida se desprende que el edificio "era objeto de protección penal, de forma y manera que no podía haberse concedido la licencia de demolición."

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