La segunda sentencia judicial conocida que alude a la problemática de los beneficiarios del plan local de empleo de Avilés 2015-2015 redunda en lo que ya dejó claro la primera: que el beneficiario de ese programa sociolaboral que tomó la iniciativa de reclamar su condición de trabajador municipal indefinido en el momento de su despido tenía razón en su planteamiento y que en consecuencia debe ser considerado fijo de la plantilla del Ayuntamiento a todos los efectos y con antigüedad desde el día en que se le contrató en el marco del plan de empleo.
El fallo no ha sorprendido a nadie en el Consistorio avilesino pues tanto el gobierno y la oposición como los sindicatos municipales dan por sentado que la base juzgada es la misma que en el caso conocido hace diez días e incluso que la tercera demanda pendiente ahora de resolución judicial. Las tres demandas, todas con apoyo jurídico del sindicato independiente Avanza, partieron de personas que fueron contratadas para hacer funciones de ordenanza en el marco del plan de empleo del año pasado.
El varapalo judicial pone en tela de juicio la realización de nuevas convocatorias de los planes de empleo, al menos hasta que haya la seguridad jurídica de que los beneficiarios de los mismos no podrán acceder a un puesto en la plantilla municipal con la treta de demandar al Ayuntamiento en el momento de su despido y alegar que fueron contratados en fraude de ley (utilizados para cubrir plazas laborales de estructura; esto es, aquellas que deben ser desempeñadas por personal laboral municipal o funcionarios). Avilés no constituye una excepción en Asturias en relación a esta problemática, los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, entre otros, también se han visto atrapados en la maraña legal en que se han convertido los planes de empleo por la falta de una herramienta administrativa hecha a medida para contratar a los beneficiarios de los mismos.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, aseguró la semana pasada que el Ayuntamiento busca "mecanismos y fórmulas diferentes a las aplicadas hasta el momento" para continuar poniendo en marcha planes de empleo sin correr riesgos jurídicos. Esta inseguridad jurídica fue la que llevó al Ayuntamiento de Avilés -y a otros como Langreo y Mieres- a tomar la decisión de no concurrir a la convocatoria del Plan de Empleo del Gobierno de Asturias de este año, precisamente para evitar este tipo de fallos judiciales que terminan incorporando a la plantilla municipal como personal laboral no fijo a personas en situación de desempleo contratadas temporalmente por espacio de un año. Monteserín es contundente: "Los planes de empleo no pueden ser la vía de acceso al empleo público".
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