El anuncio del proceso de venta iniciado por Alcoa para desprenderse de sus plantas españolas, entre ellas la avilesina, desencadenó ayer una serie de reacciones políticas en cadena. Rompió el hielo la alcaldesa de Avilés, Monteserín Monteserín, que lanzó directamente sus dardos al Gobierno de Mariano Rajoy (ahora en funciones), al que reprochó la "falta de una política industrial". En la misma línea fueron los líderes de CC OO y de UGT, Antonio Pino y Javier Fernández Lanero, que achacaron que la situación actual viene de "años atrás", derivada de los costes de la electricidad y de la ausencia de una "verdadera política energética" para las compañías que son grandes consumidoras de energía, como son Alcoa, Arcelor-Mittal y Asturiana de Zinc (Azsa).

"Esta situación es derivada de cuatro años sin Ministro de Industria, ahora felizmente desaparecido, y sin política industrial. Esto nos ha hecho mucho daño y es más perceptible en comarcas como las de La Coruña o Avilés, en las que hay empresas que son muy dependientes de políticas industriales del gobierno, en concreto del tema de la energía", aseveró ayer Monteserín. Y lamentó también que en todo este tiempo no haya habido interlocutor con la empresa para conocer "claramente sus intenciones y sus condiciones".

"Esto provoca que siempre estemos con el riesgo a la deslocalización o que vendan las empresas a no se sabe quién", afirmó Monteserín. La Alcaldesa anunció que los responsables municipales hablarán "con quien tengan que hablar" -Principado, sindicatos...- para que "este tiempo de incertidumbre que se abre sea lo más corto posible".

Antonio Pino y Javier Fernández Lanero pidieron a la multinacional "que aclare sus intenciones de futuro" y repartieron responsabilidades sobre la posible deslocalización de la firma estadounidense, gigante mundial del aluminio. El líder de Comisiones ha responsabilizado tanto al Ejecutivo nacional, por haber "contribuido" al deterioro de la empresa, como a la compañía, por no haber "apostado por inversiones de futuro".

Los sindicatos llevan años urgiendo una solución al elevado precio de la energía en España para la industria, que lastra su competitividad. Lo que reivindican, entre otras cuestiones, es un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios "competitivos, estables y predecibles" para la industria.

El sistema que ideó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para repartir bonus eléctricos a las compañías grandes consumidoras de energía, la subasta de interrumpibilidad, no satisface a los sindicatos, al menos tal y como está concebida. Dada la situación de inestabilidad política que atraviesa el país, con un Gobierno en funciones y otras elecciones a la vuelta de la esquina, la subasta de 2016 (prevista para septiembre) será un calco de la del año pasado.

Los líderes sindicales ya lanzaron ayer sus primeras advertencias ante la posible venta que tiene entre manos Alcoa. Si decide marchar, ha subrayado el secretario general de la UGT en Asturias, la factoría avilesina debería pasar a manos de "otra empresa industrial que sea capaz de hacerse cargo de la planta y plantear un plan industrial de futuro para evitar despidos". "Si lo que quiere es vender y marchar, exigimos que no venga cualquier inversor a especular con empresas que nadie conoce. Exigimos que se siga fabricando lo que aquí se hace y que haya un plan de futuro que garantice la plantilla de la fábrica", aseveró.

Para Pino, Asturias no puede permitirse prescindir de una multinacional como Alcoa: "Pelearemos por defender una actividad fundamental para la economía y muy importante para el empleo en la región".