Los primeros cuatro afectados por el accidente del mercurio producido en las instalaciones de Asturiana de Zinc (Azsa) en Castrillón en el mes de noviembre de 2012 alcanzaron ayer por la mañana un acuerdo con la aseguradora HDI, la de la propia empresa metalúrgica, para que les abone de manera inmediata a cada uno de ellos algo más de 118.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, los que son consecuencia del envenenamiento por metales pesados a que fueron sometidos mientras realizaban trabajos de restauración en una de las naves de producción de la planta de San Juan de Nieva. Tanto los extrabajadores como el representante legal de la multinacional calificaron el acuerdo como "bueno". La demanda civil no determina el responsable penal del accidente que sufrió medio centenar de personas.
La negociación para alcanzar acuerdo se alargó durante cerca de una hora. En un primer momento, la abogada de Víctor Calota, Roberto González y Francisco y el representante legal de Manuel Rial se reunieron con los letrados de las aseguradoras de Azsa, Ingenería Montajes del Norte (Imsa) y la mutua Unipresalud. "Bajamos nuestras pretensiones al 80% del baremo. Ellos, sin embargo, querían que bajáramos más: al 70%. No aceptamos. Pedimos el 75%. Se negaron y terminamos la negociación", indicó Víctor Calota, uno de los trabajadores afectados en San Juan de Nieva y, a la vez, uno de los portavoces de la asociación que agrupa a la mayor parte de los accidentados.
La segunda parte de la negociación se desarrolló en las mismas puertas de la sala quinta de los juzgados avilesinos, con la magistrada esperando el inicio de la vista. "Finalmente determinamos aceptar ese 70 por ciento porque, si no, nos enfrentábamos a un pleito que podía alargarse por lo menos más de un año", explicó el mismo Calota. "Este acuerdo da tranquilidad a las familias. Llevamos casi cuatro años de lucha y está bien que podamos descansar", aseguró Calota.
El acuerdo legal con la empresa aseguradora HDI -que tiene validez de sentencia- se llevará a efecto en los próximos quince días, según reza el documento firmado ayer por la mañana en Avilés. La aseguradora ahora tiene que abrir negociaciones con las otras compañías de seguros: la de (Imsa), la empresa que había contratado a los trabajadores que luego resultaron envenenados y la de Unipresalud, la mutua encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de prevención y seguridad en el trabajo.
La vía abierta por los cuatro trabajadores será explorada, de manera inmediata, la próxima semana. "Para octubre están señalados más juicios", apuntó Calota. En todos los casos -tras el cierre de la vía penal- las demandas a las que se enfrentan Azsa, Imsa y Unipresalud son civiles, es decir, se reclaman daños y perjuicios. "Por lo que tenemos que luchar ahora es porque los médicos nos sigan atendiendo. Los del HUCA nos han dado de alta y ahora son los médicos de cabecera los que nos deben atender", subrayó Calota.
El colectivo de trabajadores envenenados está formado por medio centenar de personas, buena parte de ellos pertenece a la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y Otros Agentes Químicos. Actualmente, doce están jubilados de manera total o absoluta. "El resto tiene abiertos los trámites", reconoció Calota.
Según determinó el Inspector de Trabajo que siguió el caso en un informe fechado en 2013, el accidente del mercurio se produjo en las instalaciones de la empresa Azsa, que había programado una parada general para sustituir los tubos de acero-carbono del intercambiador por donde circulaban gases sulfurosos con restos de mercurio procedentes del proceso de tostación de la blenda. Estos gases sulfurosos posteriormente se emplean para fabricar ácido sulfúrico. Esta tarea se inició el 19 de noviembre de 2012 y se alargó hasta el 2 de diciembre siguiente. Entonces fue cuando el Hospital San Agustín de Avilés atendió al primero de los trabajadores envenenados. A ellos se sumó otro afectado en Oviedo.
