Dos extrabajadores de la empresa Montrasa Maessa demandaron a su compañía y, subsidiariamente, a la multinacional Alcoa para poder cobrar varios pluses que, a su modo de ver, le corresponden tras la firma que dio forma a la subrogación del contrato de mantenimiento de la aluminera del pasado 31 de marzo de 2015. Este acuerdo fue firmado por los sindicatos, el Principado y las auxiliares con el fin, dice Ricardo Martínez, expresidente del comité de empresa de Montrasa, de "salvaguardar 34 de los 39 empleos". En aquella fecha comenzaron a agrietarse las relaciones comerciales entre la empresa principal (la aluminera norteamericana) y sus contratas.

Tras algo más de una hora de juicio, Montrasa aceptó ayer asumir la reclamación de uno de los dos demandantes (no alcanza los 1.000 euros) mientras que rebajó notablemente la pretensión del segundo demandante (de algo más de 6.000 euros a 104). La magistrada titular del Juzgado Número 2 de Avilés presidió la vista en la que la parte demandante -representada por el abogado Antonio Fernández Urrutia- amplió la demanda con respecto a la que se analizó en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), cosa que fue respondida de manera contundente por el abogado de Alcoa. "Ni en la demanda, ni en su ampliación, se atisba petición de demanda contra mis representadas", adujo Armando Díaz.

El único testigo al que el tribunal tomó declaración fue Ricardo Martínez, que admitió haber interpuesto una demanda semejante a las vistas ayer mismo, es decir, las partes que entendían que su testimonio es parcial y, en consecuencia "no tiene que ser tenido en cuenta", señaló Díaz. Martínez aseguró que firmó el acuerdo de subrogación del 31 de marzo "porque era una chantaje: o lo hacía o íbamos al paro". Según los abogados de los demandados, no probó esta afirmación.